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Fecha de publicación: 16/11/2018

Gestión del riesgo de desastres en ciudades de América Latina

La vulnerabilidad a los desastres está aumentando en las ciudades de América Latina debido a la compleja interacción entre la dinámica urbana, los procesos sociales y diversos peligros naturales. ¿Qué se está haciendo en gestión del riesgo de desastres en ciudades de América Latina?

En América Latina, la región más urbanizada del mundo, persisten serios problemas de pobreza y desigualdad; 111 millones de personas viven en asentamientos informales altamente vulnerables a desastres. El 80% del impacto de los desastres se siente en las ciudades y afecta sobre todo a las poblaciones más pobres.

Esta nota describe la compleja interacción entre los procesos de urbanización y los peligros naturales que generan e intensifican los riesgos de desastres en América Latina. Asimismo, describe la evolución de la gestión del riesgo en la región con ejemplos de los principales logros en el desarrollo de ciudades más resilientes. La guía analiza los factores contextuales que han facilitado estos logros e identifica las principales lecciones para otras regiones. Al final se incluye una lista de instituciones y publicaciones para mayor referencia.

Panorama del proceso de urbanización en América Latina

En América Latina viven alrededor de 600 millones de personas; casi el 80% de esta población habita en las ciudades, por lo cual es la región más urbanizada del mundo. Las principales megaciudades son Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires y Río de Janeiro, que albergan a más de 10 millones de personas. Lima, Bogotá, Santiago de Chile y Belo Horizonte tienen una población de entre 5 y 10 millones de personas.

Los procesos de urbanización comenzaron repentinamente entre las décadas de 1950 y 1990 causando degradación ambiental y aumentando la desigualdad social. Si bien los países de la región han avanzado considerablemente en la reducción de la pobreza durante los últimos diez años, los asentamientos informales albergan a 111 millones de personas en zonas urbanas, lo cual es una evidencia concreta de la desigualdad persistente en la región.

Esta desigualdad también es evidente por la enorme disparidad en cuanto a ingresos, desempleo y trabajo informal, exacerbada por factores como la brecha educativa, la debilidad de los sistemas de seguridad social y el aumento de familias numerosas en la población pobre. Vivir en un barrio marginal reduce las oportunidades de un individuo de acceder a trabajo, educación y servicios básicos, aumenta la exposición a la violencia y la vulnerabilidad a los desastres.

El desafío es mejorar las condiciones de vida de la población urbana pobre cultivando la voluntad política necesaria para mejorar los servicios sociales y la infraestructura, por ejemplo, instalaciones de salud, educación, cultura, bienestar y recreo. Para lograr estos objetivos, las políticas territoriales deben promover estrategias que rectifiquen los patrones de crecimiento urbano existentes, eviten la expansión dispersa y reduzcan la densidad poblacional, utilizando mejor el espacio disponible para evitar generar mayor segmentación física y social.

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Asimismo, las ciudades enfrentan otro enorme desafío: el proceso de «urbanización» de los desastres, es decir, la compleja interrelación entre peligros naturales, procesos sociales y de urbanización, además de otras condiciones de vulnerabilidad, que explican el carácter y el impacto de los desastres en la región. Sin embargo, esta dimensión del riesgo no es exclusiva de América Latina. Según algunos informes de África, 166 desastres urbanos de gran escala afectaron a 3,3 millones de personas entre 1997 y 2008.

Se estima que en 2050 la población urbana de África será el 60% del total de la población, aunque algunos países africanos alcanzarán este porcentaje en 2030.Sin medidas adecuadas de prevención y mitigación, la población urbana enfrentará desastres con mayor frecuencia e intensidad.

En cuanto a Asia, 44,7 millones de personas viven en zonas expuestas a inundaciones. Con siete de las diez ciudades más populosas del mundo y una población urbana que se duplicará de 1,36 mil millones a 2,64 mil millones en 2030, una tarea urgente para Asia es adoptar estrategias integrales de gestión del riesgo de desastres.
Introducción a la guía: metodología y medición del impacto

La investigación realizada para esta guía consistió en una revisión de los estudios técnicos realizados por organismos de Naciones Unidas y organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los informes de estas instituciones, redactados por especialistas internos y externos, son confiables, de alta calidad y facilitan una investigación aplicada y comparativa de los países de América Latina. Asimismo, el autor consultó las publicaciones de La Red (Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina), utilizando fuentes actuales y disponibles en línea para una fácil referencia.

Medir el impacto de las intervenciones de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) es complicado debido a la falta de un escenario contrafáctico y la necesidad de esperar a que ocurra un gran desastre para evaluar el funcionamiento de las estrategias de GRD. La medición de los resultados generalmente se centra en los indicadores del proceso, es decir, la implementación de ciertos aspectos que se consideran buenas prácticas de GRD.

A nivel internacional varias iniciativas tratan de medir y comparar el impacto de la GRD. Una de ellas es el Marco de Acción Hyogo, que monitorea el avance de los países en el logro de los acuerdos establecidos. En 2007, un estudio de ECHO trató de medir la capacidad de los países para manejar el riesgo.

La iniciativa «Visión de Primera Línea» promovida por la sociedad civil a través de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres evalúa la GRD en 57 países de todo el mundo a nivel local. Ambos estudios incluyen a países de América Latina e informan sobre los avances de cada país.

El Instituto de Estudios Ambientales (Idea) de la Universidad Nacional de Colombia desarrolló los Indicadores para la Gestión del Riesgo de Desastres, una metodología de evaluación específica para América Latina promovida por el BID de 2005 a 2010.

Este sistema, que se diseñó para ser fácilmente entendido por los formuladores de políticas y actualizado periódicamente, «describe niveles comparativos de riesgo en los países y permite identificar los principales factores que contribuyen a la configuración del riesgo en cada país». Algunos países también cuentan con datos de monitoreo a nivel subnacional, incluso para las principales zonas urbanas. Los indicadores miden el nivel de riesgo y vulnerabilidad, así como las iniciativas de los países para abordar el riesgo. Este sistema representa un diagnóstico de políticas públicas en cuatro áreas:

  • Identificación del riesgo
  • Reducción del riesgo
  • Gestión de desastres
  • Gobernabilidad y protección financiera

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En cada una de estas áreas de políticas públicas se utilizan seis indicadores para evaluar el nivel de gestión de desastres en cada país. El indicador global es el promedio de estos cuatro valores y clasifica el avance de cada país en una de las siguientes categorías: inexistente, debajo del promedio, promedio, sobre el promedio y óptimo. Esta metodología ha permitido una evaluación comparativa, sistemática y cuantitativa de los países de América Latina en diferentes periodos entre 1980 y 2008.

La metodología indica que, en general, los países fortalecieron la gestión del riesgo durante ese periodo y lograron avanzar de la categoría «inexistente» hacia un valor que se ubica entre «debajo del promedio» y «promedio». El mayor avance se dio en las políticas públicas relacionadas con la identificación de riesgos y la gestión de desastres, mientras que las áreas que deben fortalecerse son reducción de riesgos, protección financiera y organización institucional.

Entendiendo el riesgo urbano en América Latina

Los desastres ocasionados por fenómenos naturales han afectado a cerca de 160 millones de personas en América Latina y el Caribe durante las últimas tres décadas. Entre 1970 y 2009, cerca de 130.000 personas perdieron la vida a raíz de los desastres en la región. Los daños económicos ascendieron a US$ 356 mil millones, de los cuales más del 60% se debió a eventos relacionados con el clima, debido en parte al cambio climático. Asimismo, más del 80% de las pérdidas ocasionadas por los desastres ocurrieron en zonas urbanas. En América Latina, dos factores determinan el riesgo: los peligros naturales y una débil gestión urbana.

Riesgo de peligros naturales

Las ciudades de la región enfrentan riesgos altos y muy altos, como se observa en el gráfico 2. El carácter del riesgo lo determina en parte la exposición a diversos peligros naturales, muchos de los cuales se están intensificando debido al cambio climático global. Los peligros naturales más comunes son los siguientes:

Periodos anormales de lluvia o sequía asociados a los fenómenos El Niño y La Niña. El patrón de precipitaciones ha cambiado en la región; en algunas zonas ha aumentado (sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, noreste de Argentina y noroeste de Perú) y en otras ha disminuido (sur de Chile, suroeste de Argentina y sur de Perú). Por consiguiente, se ha incrementado el riesgo de inundaciones y sequías, que pueden agravar los problemas existentes en el norte de México, noreste de Brasil y otras zonas.

Las tormentas tropicales y los huracanes son más frecuentes e intensos que antes, lo cual indica que hay peligros naturales donde antes no había.

El aumento de la temperatura global afecta los glaciares. La desaparición de los glaciares de la Cordillera de los Andes, que según las estimaciones ocurrirá en los próximos diez o veinte años, afectará la disponibilidad de agua con severas consecuencias para los habitantes de ciudades como Arequipa (Perú), La Paz (Bolivia) y Quito (Ecuador), que dependen del derretimiento de la nieve y el agua de los valles para abastecerse de agua.

También hay riesgo de aumento del nivel del mar, salinización del agua del subsuelo e inundaciones en zonas costeras. Cabe indicar que 60 de las 77 ciudades con mayor densidad poblacional de la región se encuentran en zonas costeras. Cartagena (Colombia), Guayaquil (Ecuador) y La Habana (Cuba) son particularmente vulnerables a estos impactos.

Las placas tectónicas activas en México, América Central, el Caribe, el noroeste y oeste de Sudamérica representan un alto riesgo de terremotos y tsunamis, como los que ocurrieron en Haití y Chile en 2010.

Grandes deslizamientos ocasionados por una combinación de eventos geológicos y meteorológicos destruyeron extensas áreas en localidades cercanas a Río de Janeiro (Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Itaipava) en 2010.

Débil gestión urbana

Los peligros climáticos no explican por sí solos el carácter del riesgo de desastres en las ciudades de América Latina.

La dinámica urbana y los procesos sociales son sumamente importantes para entender la generación e intensificación del riesgo en diferentes contextos. Asimismo, el riesgo aumenta cuando los gobiernos tienen una débil capacidad de planificación y reglamentación del desarrollo urbano.

La falta de reglamentación en los procesos de construcción, estrategias de planificación territorial efectivas y opciones de vivienda de bajo costo ha causado la imprudente modificación de los espacios urbanos y entornos naturales, y la expansión de los barrios marginales.

Debido a la desigualdad en el acceso a la tierra, las poblaciones pobres y excluidas se ven forzadas a ocupar zonas inadecuadas para asentamientos humanos (márgenes de los ríos, riberas, terrazas fluviales), donde ocurren inundaciones y deslizamientos y donde la estructura del suelo y las edificaciones son extremadamente vulnerables a sismos.

La mayoría de las viviendas de los asentamientos informales son precarias y carecen de infraestructura básica y rutas de acceso seguras; sus ocupantes acceden a terrenos de manera informal. En muchos casos, estos asentamientos son ilegales porque no cumplen los reglamentos de construcción urbana y carecen de títulos de propiedad, lo cual restringe el apoyo y la intervención del gobierno, haciendo estos asentamientos “ilegales”.

Varios ejemplos de la región indican la urgencia de abordar estos casos. Por ejemplo, en Caracas (Venezuela), gran parte de las viviendas están edificadas en laderas por donde atraviesan quebradas que desembocan en el río Guaire.

Los pobladores de bajos ingresos se asentaron en terrenos inestables donde las lluvias torrenciales causaron grandes deslizamientos e inundaciones que ocasionaron la muerte de cientos de personas.

En Santa Fe (Argentina), luego de las inundaciones del año 2003, que se repitieron en 2007, las autoridades de la ciudad reconocieron que durante 50 años no hubo una política territorial urbana, por lo cual la población se había asentado donde y como había podido, generalmente en zonas cercanas a sus centros de trabajo y lugares de reunión social.

La ciudad de Managua, capital de Nicaragua, está ubicada en una franja donde hay 18 fallas geológicas activas y una cadena de volcanes. A pesar de estas condiciones de alto riesgo, la planificación urbana y los procesos de desarrollo carecen de diagnósticos del riesgo, estudios de zonificación y una adecuada supervisión de las normas de construcción.

Por consiguiente, en esta ciudad de 1,4 millones de personas, 79% de las viviendas están mal construidas y 18% requieren refaccionarse por completo. Cerca de 45.000 familias viven en 274 asentamientos informales que carecen de agua, saneamiento y electricidad. Se estima que cada año se construyen 3.000 viviendas sin autorización, y por ende, sin ningún control en la construcción.

Cuando ocurrió el huracán Mitch en 1998, las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela en Honduras resultaron seriamente afectadas. Los daños se concentraron en torno a los cuatro ríos que atraviesan la ciudad. La inadecuada infraestructura de la ciudad (sobre todo agua, desagüe y saneamiento), la falta de códigos de zonificación, la concentración de servicios e infraestructura en pocas zonas, la falta de estrategias de prevención y mitigación, y el manejo inadecuado de cuencas contribuyeron a la vulnerabilidad de estas zonas.

Quito, Ecuador es otra ciudad donde la combinación de peligros y vulnerabilidad origina el riesgo. Quito está edificada sobre laderas muy inclinadas al pie del volcán Pichincha. La población se ha cuadruplicado en los últimos 30 años y una serie de problemas (crisis económica, deuda, rápido crecimiento poblacional, falta de planificación) ocasionaron la ocupación legal e ilegal de las laderas.

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Dotar a estas zonas de servicios e infraestructura tiene un costo muy alto, especialmente en el caso de los asentamientos ilegales. La falta de desagüe y alcantarillas aumenta el riesgo de inundaciones; los desechos se acumulan en las quebradas, bloqueando los cauces y causando inundaciones y deslizamientos, debido a la falta de un sistema adecuado de recolección.

Desarrollando ciudades resilientes en américa latina

La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La Red) 12 ha sido uno los principales propulsores del enfoque de GRD en América Latina, que dio lugar a un cambio real en el manejo de los desastres en la región. La Red se creó en 1992 por un grupo de 16 investigadores de Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú con el objetivo de promover la colaboración entre instituciones especializadas. Entre 1993 y 1994, La Red publicó 14 libros sobre diversos temas relacionados con la gestión de desastres, y nueve números de la revista «Desastres y Sociedad», que constituyen un material de referencia esencial para el estudio de los desastres ya que representan los primeros esfuerzos por desarrollar un enfoque de GRD adecuado para el contexto de América Latina.

Desde la década de los años noventa hasta la actualidad, La Red ha contribuido a dar forma al enfoque de GRD en América Latina, de la siguiente manera:

  • Desarrollo de enfoques sociales para el diagnóstico del riesgo; desarrollo de herramientas analíticas como la base de datos DesInventar.
  • Ejecución de proyectos de investigación comparativa.
  • Elaboración de informes y publicaciones de alta calidad.
  • Organización de reuniones, talleres y foros para el debate y la difusión de ideas y hallazgos de investigaciones, creando espacios para que los investigadores latinoamericanos puedan intercambiar experiencias y aprender de sus colegas del hemisferio norte y otras regiones.

Participación en consultorías y proyectos financiados por agencias internacionales de desarrollo, a través de los cuales los miembros de La Red han promovido innovadoras propuestas para la gestión de desastres en la región.

La capacitación y las enseñanzas de La Red han sido fundamentales para la formación de profesionales de primer nivel en la región. El Observatorio Sismológico del Sur Occidente (OSSO) y Omar Darío Cardona, dos miembros de La Red, recibieron el prestigioso Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres.

En América Latina, la gestión de desastres ha evolucionado de los enfoques verticales de respuesta y ayuda de emergencia hacia estrategias intersectoriales para la gestión del riesgo. Antes de los años noventa, se creía que los desastres eran eventos aislados que no tenían relación con los procesos sociales.

Las intervenciones de los gobiernos y las organizaciones de ayuda humanitaria se orientaban a proporcionar ayuda de emergencia y eran inadecuadas para abordar los impactos sociales, económicos y ambientales de los desastres naturales.

Esta actitud cambió gradualmente hacia el énfasis en las medidas de preparación como almacenamiento de insumos de emergencia, planes de respuesta a emergencias y mayor presencia de las organizaciones de ayuda humanitaria como la Cruz Roja. Si bien este enfoque de planificación de contingencia mejoró la eficiencia de las organizaciones de ayuda humanitaria, no abordaba las múltiples causas del riesgo.

Los estudios realizados por los investigadores de La Red en los años noventa lograron grandes avances en el desarrollo de un enfoque más integral para entender los complejos procesos subyacentes en los eventos de peligro. Gracias a esto, los desastres ya no se consideran eventos excepcionales creados enteramente por fuerzas naturales, sino problemas de desarrollo no resueltos. Ahora se reconoce que los riesgos físicos, sociales y económicos que no se manejan de manera efectiva son los que originan los desastres.

El enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres surgió a fines de los años noventa como un nuevo paradigma que colocaba al riesgo al centro del problema y a los desastres como el producto de dicho riesgo. El enfoque de GRD subraya la relación entre riesgos/desastres y desarrollo/planificación, que se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible. Este nuevo enfoque ha sido adoptado por los países de América Latina y el Caribe y es promovido por los donantes multilaterales como el BID, el Banco Mundial y las Naciones Unidas.

Este cambio de paradigma representa la evolución de tres aspectos clave en el enfoque GRD en América Latina: 1) reconocer que los desastres no son solo naturales; 2) énfasis en el rol de la vulnerabilidad en la generación del riesgo, a diferencia del énfasis en los peligros naturales; 3) la hipótesis de que la formación del riesgo es principalmente social y que está determinado por diversos procesos en diferentes contextos geográficos y sociales.

Los países de América Latina empezaron a adoptar el enfoque de GRD a fines de los años noventa. Como parte de los compromisos establecidos en el Marco de Acción Hyogo y la campaña global «Ciudades Resilientes», los países de la región han implementado diversas estrategias para la gestión del riesgo adaptadas a diferentes contextos, especialmente en las cuatro áreas de políticas públicas evaluadas a través de la metodología de indicadores GRD (identificación del riesgo, reducción del riesgo, gestión de desastres, gobernabilidad y protección financiera).

Esta guía se centra en tres de estas cuatro áreas. En primer lugar, dentro de la identificación del riesgo, la guía se enfoca en la mejora en la información sobre riesgos. En segundo lugar, dentro de la reducción del riesgo, se analizan aspectos relacionados con la planificación territorial y la gestión integral de barrios marginales. Por último, la sección sobre gobernabilidad y protección financiera se enfoca en el fortalecimiento institucional. Se seleccionaron estas áreas porque: a) ilustran las experiencias innovadoras de GRD desarrolladas por países de la región, b) las investigaciones y los documentos de políticas están disponibles en inglés, y c) ofrecen lecciones importantes para otras ciudades del mundo.

1. Identificación del riesgo: mejor información sobre riesgos

Para el beneficio de la planificación urbana y el desarrollo en la región, hay nueva y mejor información sobre la dinámica, frecuencia, naturaleza y causas de potenciales peligros a nivel regional, nacional y local. El diagnóstico detallado del riesgo ha sido un elemento clave en los programas integrales de GRD y también como base para la toma de decisión de gobiernos, negocios y ciudadanos. Asimismo, los sistemas de monitoreo y de información han mejorado gracias a la colaboración institucional y las redes descentralizadas.

En toda la región hay diversas experiencias de diagnóstico del riesgo y sistemas de información con resultados positivos, por ejemplo:

En muchas ciudades se han elaborado inventarios de desastres, daños y pérdidas para categorizar los desastres naturales y sus impactos. DesInventar es un sistema de información regional que recoge y difunde información sobre desastres recopilada de datos existentes, fuentes periodísticas e informes institucionales. Está disponible para la mayoría de los países de América Latina con excepción de Brasil, Surinam y Uruguay. DesInventar ha sido el pionero en la recolección y difusión de información detallada sobre la variabilidad del riesgo a nivel territorial en diversas ciudades de la región.

El Programa de Evaluación Probabilista de Riesgos (CAPRA, por sus siglas en inglés) es una plataforma de conocimiento de código abierto para la evaluación de riesgos de peligros múltiples, diseñada para ayudar a los decisores políticos a estimar los impactos de futuros desastres y diseñar estrategias para mitigar los riesgos. Esta metodología determina el riesgo de manera probabilista tomando en cuenta la intensidad y frecuencia de los peligros en un periodo de tiempo.

El principal producto son los mapas de riesgo, que presentan información cuantitativa sobre el potencial número de pérdidas que sufriría un país, región o ciudad si fuese afectado por uno o múltiples peligros.

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El programa CAPRA se inició en 2008 y en la actualidad se utiliza en Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Santa Lucía.

Para monitorear y predecir el riesgo, las redes de monitoreo de desastres se han extendido a varias ciudades como São Paulo, Medellín y La Habana. En Argentina, a raíz de las inundaciones en la cuenca del Río de la Plata (1982-1983), se estableció un sistema de alerta hidrológica que emite alertas en función de datos meteorológicos e hidrológicos localizados. El sistema permite coordinar los esfuerzos de los gobiernos nacionales y provinciales y promueve el intercambio de información con los países ubicados al norte del Río de la Plata (Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).16 El sistema transmite información sobre la probabilidad de eventos hidrometeorológicos extraordinarios a las autoridades de defensa civil, contribuyendo a minimizar los daños.

Las innovaciones en el mapeo de riesgos y escenarios de peligros/daños han ayudado a los gobiernos y la población a entender e internalizar los riesgos que enfrentan. Un caso notable es el programa «Ciudades Sostenibles» en Perú, que durante más de 14 años ha ejecutado 178 estudios de riesgo en 157 ciudades beneficiando a más de 5 millones de personas. Los estudios han apoyado a los decisores políticos a definir estrategias de desarrollo urbano sostenible incorporando el enfoque de GRD. En varias ciudades (ej. Ciudad de México) se han realizado diagnósticos de la vulnerabilidad física de los principales edificios de la ciudad, así como escenarios de daños y pérdidas para diferentes eventos de desastres. Esta información ha servido para diseñar mecanismos de seguro e instrumentos de transferencia del riesgo financiero.

Las instituciones técnicas y científicas especializadas impulsaron la investigación en el tema de peligros y riesgos de desastres, por ejemplo: Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), Instituto Geofísico del Perú, Centro Regional de Sismología para América del Sur (Ceresis) en Perú, Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala.

Diversas instituciones a nivel regional promueven la difusión de información para mitigar y evitar el impacto de los desastres naturales: Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe (Crid), Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño en Ecuador, y la Comisión Permanente del Pacífico Sur.

Reducción del riesgo: planificación territorial y gestión integral de barrios marginales

Los gobiernos de América Latina han incorporado el enfoque de GRD en los procesos de planificación territorial para implementar planes integrales de desarrollo vecinal en zonas de alto riesgo, que incluyen programas de reasentamiento. Asimismo, han incorporado el análisis del riesgo en el diseño de proyectos, las estrategias de inversión y las decisiones sobre futuros proyectos de desarrollo urbano. En muchas ciudades se ha avanzado en la actualización de planes de ordenamiento territorial con enfoque de prevención de desastres (ver recuadro para el caso de Medellín, Colombia); el diagnóstico del riesgo apoya el cambio hacia una tenencia segura de la tierra, especialmente para los pobladores de asentamientos informales.

La reducción del riesgo es una estrategia que forma parte de diversos proyectos que buscan el mejoramiento integral de los asentamientos informales de la región. Un ejemplo es la iniciativa Morar Carioca, dirigida por la Prefectura de Río de Janeiro, que opera desde 2010 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 320.000 familias de las favelas para el año 2020. Esta iniciativa se basa en un enfoque integral de GRD con énfasis en planificación urbana a largo plazo, sostenibilidad ambiental y acceso a servicios básicos. Una de las medidas fue la implementación de un sistema para planificar y controlar el uso de la tierra.

En Colombia se promulgaron leyes específicas para integrar la GRD como política pública en la planificación territorial.

Comparada a otras ciudades, Bogotá es la ciudad que ha tenido más avances en la implementación del Plan Nacional de GRD; se elaboraron mapas de microzonificación que identifican las zonas de riesgo y las familias vulnerables utilizando sistemas de información que permiten monitorear y controlar nuevos asentamientos. Asimismo, se establecieron mecanismos financieros como subsidios de vivienda para familias vulnerables y donaciones para instituciones especializadas en programas de reasentamiento.

Se han probado varias alternativas de vivienda en la región: construcción de viviendas nuevas por empresas privadas (Guatemala, Brasil) y en sociedad con empresas constructoras privadas y ONG especializadas (Colombia), autoconstrucción comunitaria asistida (Argentina), programas de intercambio de vivienda entre familias de una misma comunidad (Brasil), adquisición de viviendas usadas con apoyo legal y técnico (Colombia) y esquemas de compensación monetaria (Perú). La diversidad de alternativas facilita y fortalece los procesos de reasentamiento y contribuye a reducir la vulnerabilidad de las familias urbanas.

Gobernabilidad y protección financiera: fortalecimiento institucional

Los países de la región han impulsado reformas legales e institucionales para transformar los métodos tradicionales de respuesta a emergencias en sistemas multisectoriales e interinstitucionales de reducción de riesgos. La GRD se ha integrado progresivamente en las políticas y las prácticas, que incorporan enfoques participativos y descentralizados para transformar las estructuras y operaciones de las instituciones públicas que durante muchos años fueron jerárquicas y autoritarias.

Varios países latinoamericanos han establecido sistemas descentralizados de gestión de desastres coordinados por comités nacionales. Las reformas implementadas tienen el objetivo de sentar las bases para la implementación de los compromisos de Hyogo. Los países optaron por el enfoque de sistemas para estructurar los complejos procesos, acciones y los múltiples actores que entran en juego en la institucionalización de la GRD. El enfoque de sistemas enfatiza procesos e instrumentos que facilitan la cooperación interdisciplinaria entre distintos actores para integrar la GRD en las esferas del desarrollo.

Las estrategias abordan cada fase del ciclo de los desastres: prevención, preparación, respuesta y recuperación. Para más información sobre la institucionalización de la gestión del riesgo en América Latina, ver: La institucionalización de la gestión del riesgo de desastres en América Latina: el enfoque de sistemas en la pg. 27.

Se crearon las siguientes instancias de sistemas nacionales de gestión de riesgo: Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en Perú (Sinagerd), Sistema Nacional de Protección Civil en Panamá (Sinaproc), Centro Nacional de Prevención de Desastres en México (Cenapred), Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia (UNGRD), Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala (Conred), Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en Costa Rica (CNE).

Los gobiernos locales desempeñan un papel clave en la implementación del enfoque de GRD, ya que son responsables de diseñar e implementar estrategias y acciones dentro de sus jurisdicciones y de garantizar que los programas y políticas coincidan con los lineamientos y objetivos establecidos en los sistemas nacionales de GRD.

Entre otras medidas, estos sistemas han priorizado acciones para la transferencia de competencias, responsabilidades y fondos públicos a los gobiernos locales para la gestión del riesgo.

Para lograr esto, los gobiernos locales de toda la región se han beneficiado con el fortalecimiento de capacidades para la gestión de desastres a través de capacitación y asistencia técnica para que puedan integrar la mitigación de desastres y la reducción del riesgo en los procesos de desarrollo de su ciudad.

Asimismo, hubo un importante avance en la integración de la GRD en los sistemas de inversión pública a través de la simulación computarizada del riesgo, diagnóstico del riesgo y análisis costo-beneficio. Estos sistemas garantizan que el gasto público ayude a prevenir y mitigar futuros riesgos, y que el gasto directo en GRD contribuya a los objetivos de desarrollo de largo plazo. Hubo un considerable incremento en los presupuestos nacionales asignados a la gestión del riesgo, que se capitaliza a través de paquetes financieros que estimulan la economía con inversiones en infraestructura y medidas que abordan las causas subyacentes del riesgo y apoyan la reducción de la pobreza.

Estos cambios promueven la autonomía de los gobiernos locales, que asignan mayores presupuestos para la gestión del riesgo. Las ciudades están implementando con éxito medidas de mitigación, preparación, respuesta y reconstrucción. Los gobiernos locales trabajan de cerca con las comunidades urbanas y los representantes de la sociedad civil. Un ejemplo es la Estrategia de Gestión del Riesgo de Desastres de Lima Metropolitana (Perú), que implicó un largo proceso de debate e incidencia con la participación de diversos actores, ONG locales y la sociedad civil.

El alcalde y otros funcionarios municipales realizaron grandes esfuerzos para informar al público e involucrar a la sociedad civil en el proceso a través de los medios de comunicación. Para más información, ver: Impulsando la reforma: La estrategia de gestión del riesgo de desastres de Lima en la pg. 33.

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Medellín: Planificación territorial y gestión de barrios marginales en una ciudad resiliente

Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia con una población de 1,8 millones de habitantes. Muchos de los asentamientos pobres e informales de la ciudad, donde viven 200.000 personas, están construidos en las laderas de los cerros. Cada año estos asentamientos se ven afectados por inundaciones y deslizamientos, además la ciudad es vulnerable a sismos. En 1987, 500 personas fallecieron y 3.500 quedaron sin hogar a raíz de un gran deslizamiento que sirvió para sensibilizar a la población y hacer un llamado para mejorar la preparación ante desastres.

Como primer paso, el sistema municipal de prevención, respuesta y rehabilitación promovió procesos para incorporar el enfoque de GRD en la planificación territorial, los planes de desarrollo municipal y los programas socioeconómicos.

El sistema municipal está conformado por doce unidades (ej. educación, inversión, obras civiles y planificación, etc.) y cuenta con la participación de instituciones académicas y científicas encargadas de realizar estudios de riesgo y vulnerabilidad, y entidades de protección ambiental como el Instituto «Mi Río». Se priorizó el desarrollo de iniciativas de educación ciudadana y la difusión de campañas a través de medios de comunicación como TeleMedellín y TeleAntioquia. Asimismo, el sistema municipal capacita en respuesta a emergencias a líderes comunitarios, comités escolares y representantes de los barrios.

En los últimos 15 años, el Sistema Municipal de Medellín ha logrado integrar la GRD en diversas actividades de desarrollo como protección ambiental, construcción, investigación técnica y científica, educación y sensibilización. Se ejecutaron proyectos de mejoramiento integral en zonas de alto riesgo que permitieron el reasentamiento de las familias en zonas más seguras. Se crearon 174 comités ciudadanos de emergencia para priorizar y ejecutar proyectos. En 2008, el sistema municipal recibió un financiamiento de US$ 5 millones del Consejo Municipal y en la actualidad recibe apoyo de donantes bilaterales y multilaterales.

 Artículo tomado del documento Gestión del riesgo de desastres en ciudades de América Latina

Fuente: Soluciones Prácticas

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