Bolivia: Uno de los países más vulnerables ante desastres por eventos naturales adversos

El Estado Plurinacional de Bolivia, comparado con otros países de la región, es considerado uno de los países más vulnerables ante desastres por eventos naturales adversos. Las principales amenazas naturales son de origen hidrometeorológico (sequías, heladas, lluvias severas y granizadas) y fenómenos relacionados, como inundaciones y deslizamientos.

De acuerdo con el Índice de Riesgo Municipal desarrollado por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) del Ministerio de Planificación del Desarrollo, el 43 % de la población habitaba áreas expuestas a inundaciones en 2012, siendo estos fenómenos (ya fueran provocados por precipitaciones o por otros factores) el evento natural de mayor frecuencia en Bolivia, seguidos por sequías y granizadas.

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Dada su frecuencia y la población expuesta, las inundaciones causan importantes pérdidas económicas relacionadas, sobre todo, con la infraestructura y la producción agropecuaria.

En 2015, por ejemplo, el Gobierno de Bolivia estimó que las pérdidas ocasionadas por inundaciones ascendieron a USD 450 millones (BOB 3132 millones), y más de 300 000 personas se vieron afectadas.

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Dado este contexto, la gestión de riesgos de desastres ha sido una prioridad en la agenda del Gobierno de Bolivia, que estableció importantes avances en el marco normativo e institucional del país. Por ejemplo, en 2012, mediante la Ley n.° 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, se estableció como objetivo la prevención y la reducción de las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad de la población en Bolivia (artículo 12).

En 2014, se promulgó la Ley n.° 602, Ley de Gestión de Riesgos, la cual proporciona el marco para la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo a nivel sectorial y territorial.

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Los desastres asociados a eventos naturales adversos, y en particular las inundaciones, tienen un impacto negativo y estadísticamente observable en el corto plazo. Sin embargo, la evidencia empírica sobre dichos impactos en Bolivia, desde un punto de vista estadístico y causal, es muy limitada.

Para los eventos ocurridos durante 2013 y 2014, UDAPE (2015) realizó un ejercicio de contabilización de las pérdidas directas e indirectas asociadas con eventos meteorológicos utilizando la metodología de CEPAL para evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales de los desastres.

Como ya se mencionó, estos eventos ocasionaron pérdidas por alrededor de USD 450 millones (BOB 3132 millones) y afectaron a más de 300,000 personas. Por otro lado, Arenas (2014), a modo de complemento de la metodología previa, evaluó la magnitud e intensidad de los desastres hasta el año 2100 en escenarios de cambio climático.
Básicamente, en ese estudio se determinó que los daños futuros a infraestructura pública por efectos del cambio climático (a raíz de fuertes precipitaciones e inundaciones) tendrían un costo de USD 93 000 millones (BOB 647 280 millones), lo que representaría un gasto promedio anual de USD 3113 millones (BOB 21 666 480 000). El costo económico por pérdidas agropecuarias ascendería a USD 82 000 millones (BOB 570 720 millones), lo que representaría un promedio anual de USD 2726 millones (BOB 18 973 millones).

Cabe aclarar que en los estudios mencionados es difícil atribuir de manera específica el daño asociado únicamente a los desastres y no a factores que ocurrieron de manera simultánea. Más aún, dichos estudios no evalúan el impacto en variables de bienestar, como pobreza o ingreso del hogar. La pobreza y los ingresos de los hogares son indicadores de los impactos de medio y largo plazo que pueden tener los desastres.

Por tanto, este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de las inundaciones en Bolivia en el ingreso per cápita de los hogares y en otros indicadores socioeconómicos de bienestar por medio de métodos estadísticos que permitan aislar de manera explícita otros factores que pueden influir en los resultados.

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Dada la dificultad de caracterizar de manera exacta el impacto de una inundación — además de las limitaciones encontradas con la información disponible—, en este estudio, se analizan diversos índices comúnmente utilizados en la literatura económica que representan distintas formas de abordar el impacto de las inundaciones.

La idea principal detrás de la utilización de distintos índices es que las inundaciones tienen diversas causas y características que definen la manera en la que afectan a la población o a la economía de un país. Si bien todos los índices utilizados buscan modelar el impacto de una inundación, cada uno de ellos otorga distinto peso a los factores que la causan y a las características para hacerle frente de la zona en la que ocurre.

Los resultados muestran que los diferentes índices son coherentes a través de las distintas caracterizaciones y apuntan a un efecto negativo y significativo de la precipitación excesiva, las lluvias intensas y los desbordes de ríos tanto en el ingreso per cápita como en la pobreza de los hogares.

El resto del estudio se divide en cuatro secciones. En la primera sección, se describen los tres índices utilizados en el estudio, la información empleada para calibrarlos y la forma en la que se calculan sus valores. En la segunda sección, se describe la metodología para evaluar el impacto de las inundaciones en el ingreso de los hogares y en la pobreza.

Aquí también se muestra cómo se adaptan los índices para combinarlos con la información socioeconómica y la construcción de sus distintas variantes. En la tercera sección, se describen los resultados para las distintas variantes de los índices y se incluye una comparación de las predicciones de cada una en distintos escenarios. En la última sección, se presentan las principales conclusiones de este estudio.

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Fuente: Banco Mundial