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Elaborarán planes integrales para mitigar daños por huaicos e inundaciones Elaborarán planes integrales para mitigar daños por huaicos e inundaciones


Elaborarán planes integrales para mitigar daños por huaicos e inundaciones

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) adjudicó la buena pro a 10 empresas para la elaboración de estudios técnicos en las cuencas de los ríos de diversos valles a escala nacional para elaborar planes integrales para mitigar daños por huaicos e inundaciones.

Según el Minagri, esta adjudicación forma parte de los planes o soluciones integrales que están considerados dentro del Programa Nacional de Reconstrucción con Cambios (RCC) con el objetico de mitigar daños por huaicos e inundaciones. El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) tiene a su cargo 11 proyectos.

El director Ejecutivo del PSI, Huber Valdivia Pinto, explicó que este “es un hecho sin precedentes en la historia del país y con la entrega de la buena pro se sientan las bases para que mañana más tarde se pueda intervenir ordenadamente en las cuencas del Perú”.

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La convocatoria de estos procesos se inició en octubre del año pasado con la publicación del requerimiento, posteriormente con la formulación, evaluación y absolución presencial de las consultas técnicas, que realizaron las empresas interesadas en formar parte de este programa.

Por último, entre el 28 de enero y 1 de febrero de este año se absolvieron las consultas administrativas para que, finalmente, entre el 11 y 15 de febrero se entregue la buena pro, luego de la apertura de los sobres con las propuestas técnicas y económicas.

En la adjudicación de la buena pro intervinieron empresas de nacionalidad española, china, japonesa y peruanas. Los consorcios o empresas ganadoras tendrán en promedio un año, a partir de la firma del contrato, parapara elaborar planes integrales para mitigar daños por huaicos e inundaciones y proponer un enfoque integral de las cuencas del país.

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Las intervenciones se harán en las cuencas de los ríos Huarmey, Casma y Lacramarca, ubicados en el departamento de Áncash; Huaura, Mala, Rímac y Cañete, en el departamento de Lima; Matagente en Ica; y Motupe, Olmos y La Leche, en la región Lambayeque.

Solo queda pendiente la cuenca del río La Leche, en Lambayeque. Sin embargo, ya se convocó a la licitación y en los próximos días se entregará la Buena Pro.

Planes integrales

La formulación de los planes integrales para mitigar daños por huaicos e inundaciones consiste en la elaboración de los estudios técnicos que determinen que tipo de proyectos se realizarán para mitigar los fenómenos naturales de inundaciones y movimientos de masas (huaicos).

Este plan deberá desarrollar a corto plazo 4 perfiles que reduzcan o mitiguen entre el 60 % y 65 % el riesgo en la cuenca intervenida, mientras que a mediano y largo plazo deberán desarrollar documentos con el mismo fin, pero para mitigar el riesgo entre el 35 % y 40 %.

Valdivia Pinto acotó que se adoptan dos tipos de intervenciones: las estructurales, las cuales están referidas a obras ingeniería civil y las no estructurales que se consiste en la elaboración de perfiles de inversión, de alerta temprana, además de la cuantificación de riesgo de inundaciones, capacitación y sensibilización para la población.

“El trabajo a realizarse no va ser el mismo en cada cuenca, hay puntos comunes, pero no puede ser un solo tipo de solución para problemas determinados en cada río”, afirmó.

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Por ejemplo, en la parte alta de las cuencas se podría intervenir con presas de laminación o diques en los ríos, para que cuando el caudal sea alto se almacene el recurso y se suelte de manera controlada para evitar daños en la parte baja de la cuenca.

Asimismo, en la parte baja se podría intervenir con control de inundaciones mediante estructuras de cualquier tipo (defensas ribereñas) para que cuando el caudal del río se incremente no inunde zonas agrícolas y/o urbanas.

Por último, en la parte media se podrían aplicar diques transversales en ambas márgenes de un río. Sin embargo, la modalidad de intervención la determinarán los estudios que se hagan en cada una de las cuencas.

Cabe recordar que los DS-213-2018-EF y DS-239-2018-EF permitieron créditos suplementarios para el Minagri por 142 millones 859,669 soles que permitieron obtener el presupuesto para la Reconstrucción con Cambios.

Fuente: ANDINA

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Construyendo Comunidades Resilientes en la Cuenca del Río Rímac Construyendo Comunidades Resilientes en la Cuenca del Río Rímac


 

Construyendo Comunidades Resilientes en la Cuenca del Río Rímac

El presente artículo aborda la experiencia de trabajo del Proyecto Aliados ante Inundaciones de Practical Action, sobre la construcción de comunidades resilientes en la Cuenca del Río Rímac.

El 67% de la población del distrito de Lurigancho Chosica y el 41% del área urbana se encuentran en situación de Riesgo Alto, originado por diversas causas naturales y antrópicas como la geografía accidentada, la estrechez de cauce del río Rímac, invasión de viviendas en quebradas sin planificación, etc. 

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Enfoque de intervención

La acción comunitaria y el desarrollo de capacidades es un eje transversal en la GRD, fortalecer la organización, participación y las capacidades individuales y colectivas es fundamental para construir comunidades resilientes. El proyecto Aliados ante Inundaciones, haciendo uso de metodologías activas e inclusivas, ha acompañado a las comunidades vulnerables de la cuenca del río Rímac a construir participativamente sus instrumentos de gestión para reducir sus riesgos ante huaycos e inundaciones, prepararse y responder oportunamente ante una situación de desastres, protegiendo a sus familias y sus medios de vida.

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Análisis de participativo de capacidades y vulnerabilidades - PCVA:

Para lograr la articulación de las comunidades en torno a la quebrada, fortalecer la identidad y el sentido de compromiso y empoderamiento de las familias en base a la necesidad de reducir sus riesgos para construir una comunidad resiliente se inició en talleres con la construcción participativa de la historia de la comunidad y la elaboración de la línea del tiempo de los desastres, que fue indagar más allá de los estudios e investigaciones técnicas y científicas y hurgar en la memoria colectiva de las familias de Chosica, recuperar y valorar los saberes locales sobre el comportamiento del clima, la frecuencia e intensidad de las lluvias, las acciones de respuesta ante los huaycos y aprender de las experiencias de lo vivido ante las recurrentes situaciones de emergencia por huaycos e inundaciones; con esta información previa construimos el mapa de riesgo de la comunidad, el plan familiar y el plan comunitario de contingencia de las quebradas, priorizando medidas anticipadas de prevención, preparación y respuesta durante la emergencia.

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De la Capacitación a la Acción:

Sistema de Alerta Temprana Comunitario: para que la comunidad pueda responder de manera oportuna frente a la ocurrencia de un huayco, fue fundamental la organización e implementación de las brigadas y la facilitación de herramientas útiles para monitorear el peligro y para alertar de manera oportuna la llegada del huayco y la inundación. Se hizo uso de pluviómetros artesanales, silbatos, sirenas y megáfonos y se creó un grupo de WhatsApp entre los líderes de las quebradas para comunicarse y contar con información actualizada del comportamiento de las quebradas y el río, facilitando la toma de decisiones anticipadas y oportunas como reforzar las viviendas, limpieza de calles y techos, protección de los servicios, evacuar a las personas más vulnerables, niños, mujeres, adultos mayores, discapacitados, poner a buen recaudo sus bienes, construir barreras con sacos de arena, acordonar los terrenos expuestos, etc.

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Lecciones:

  • El conocimiento local del territorio y la experiencia vivida de la comunidad fueron uno de los recursos más valiosos para entender el contexto y diseñar medidas acordes a las
    necesidades de las comunidades.
  • Los programas de capacitación deben conllevar a fortalecer la organización comunitaria promoviendo la acción colectiva con el fin de reducir las pérdidas y tomar medidas oportunas.
  • La construcción colectiva de los planes comunitarios durante las jornadas de capacitación favoreció para que las personas se comprometan con la implementación de los mismos y se organicen a través de las brigadas.
  • El uso de equipos personales como el celular y otros de fácil acceso como los pluviómetros artesanales para monitorear el peligro y emitir comunicados, fortalece la autoestima de la comunidad y mantiene activa una red de comunicación para tomar decisiones oportunas.

Descarga la publicación completa aquí: Fortalecimiento de capacidades para mitigar los impactos de huaicos en Perú

Fuente: Soluciones Prácticas

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¿Las lecciones de la naturaleza? ¿Las lecciones de la naturaleza?


¿Las lecciones de la naturaleza?

Después del embate del Fenómeno El Niño (FEN) en el verano del 2017, la frase “aprendamos de las lecciones de la Naturaleza” fue usada varias veces. Estoy casi seguro de que PPK y alguno de sus ministros la usaron en aquél momento y hoy Vizcarra nos la recuerda.

El problema con esta frase, mucho más calculada de lo que uno imagina, es su carácter ambiguo… Es una combinación perfecta de dos componentes: el primero, “la Naturaleza es muy poderosa y nos da lecciones”, y el segundo: “en el futuro debemos tomar hacer algo al respecto”.

Como ven, ambos componentes dejan limpio al que la proclama, ocultando, voluntaria o involuntariamente, por un lado el hecho de que el FEN es recurrente y ya deberíamos haber aprendido cualquier posible lección, y por otro, el hecho de que sí existen responsables hoy, de carne y hueso, con nombre propio, y patear la responsabilidad al futuro no es correcto.

En mayo del 2018, la Asociación de Contribuyentes del Perú encontró que los recursos disponibles para prevenir y reducir el riesgo de desastres no solo eran insuficientes sino que se gastaban de manera ineficiente.

Encontramos que el monto destinado a la partida de prevención de desastres naturales alcanzaba los 720 millones de soles, considerando solo las 3 regiones más afectadas por el FEN (Lima, Piura y La Libertad) y, atención al dato, que de las 192 intervenciones programadas para “limpieza y encauzamiento de ríos”, solo el 13% incluía la construcción de defensas ribereñas. Es decir, limpiábamos el río para que pase el nuevo huaico, pero no protegíamos a los peruanos que vivían en el valle.

A mayo del 2018, en Lima, el 79% de los recursos se invertía estrictamente en trabajos de descolmatación y solo el 21% consideraba adicionalmente defensas ribereñas. En Piura, el 92% se invertía para descolmatar y solo el 8% para construir defensas ribereñas y en La Libertad, la proporción era de 85% / 15% bajo los mismos criterios.

Había pasado un año desde que el FEN golpeará la vida de más de 650 mil personas. Había pasado un año y no se había ejecutado ni el 10% del presupuesto. Había pasado un año y no habíamos aprendido ninguna lección. ¿Por qué tendríamos que aprenderla hoy en el sur? ¿Por qué Moquegua, Arequipa y Tacna generarían una reacción distinta si nuestros burócratas son los mismos?

Estamos actualizando los datos de mayo 2018 a febrero 2019, para las mismas partidas de limpieza de cauces y defensas ribereñas. No tenemos mucha fe, para serles honesto. Creemos que además de la lentitud, otra de las características de la inversión en la Reconstrucción con Cambios ha sido su pública ineficiencia. Nos llegan reportes de obras innecesarias, inconclusas y de muchísima falta de planificación. ¿Cómo ser optimistas? ¿Cómo pensar que ahora seremos más eficientes no solo con el pendiente del norte sino con el nuevo pendiente del sur?

Conclusión: presidente Vizcarra, no hemos aprendido de las lecciones de la Naturaleza. Es un hecho. Ojalá entienda este mensaje y deje de priorizar su popularidad en las encuestas, para ponerse a trabajar por todos los damnificados, del sur y del norte, con eficiencia y eficacia, aunque tenga que remover la apática e insensible burocracia que lo rodea y se encarga de estos proyectos.

Fuente: Gestión

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Fuerzas Armadas en alerta permanente para actuar en casos de huaicos y lluvias Fuerzas Armadas en alerta permanente para actuar en casos de huaicos y lluvias


Fuerzas Armadas en alerta permanente para actuar en casos de huaicos y lluvias

El ministro de Defensa, José Huerta, enfatizó que las unidades de las FFAA podrán intervenir de oficio ante una emergencia, sin esperar una orden superior.

El ministro de Defensa, José Huerta, remarcó que las Fuerzas Armadas continuarán en alerta permanente para actuar ante las emergencias que se vienen presentando en algunas zonas del país a consecuencia de las lluvias y huaicos.

“He dispuesto que todas las instituciones de las Fuerzas Armadas, como son el Comando Conjunto, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, se mantengan en alerta permanente para poder enfrentar con todas sus capacidades estos riesgos de desastres que tenemos a nivel nacional”, afirmó durante la sesión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Conagerd), que fue presidida por el mandatario Martín Vizcarra.

Huerta también enfatizó que ha dispuesto que todas las unidades de las Fuerzas Armadas actúen de oficio ante una emergencia en el ámbito que esté a su cargo, sin esperar de una orden superior.

“Esto es muy importante, porque muchas veces los comandos esperan la orden del escalón superior para poder actuar, pero ahora con esta alerta permanente y la disposición de actuar de oficio, cada comando puede salir inmediatamente en apoyo de las zonas afectadas en estrecha coordinación con las autoridades locales, gobiernos regionales e Indeci”, señaló.

Asimismo, informó que ha asignado un helicóptero de forma exclusiva y permanente para cada una de las tres regiones del sur del país más afectadas por los desastres naturales, como son Arequipa, Moquegua y Tacna. “Estas aeronaves pueden ser utilizadas por todos los sectores en caso necesiten llevar algún apoyo a estas tres regiones”, refirió.

-Despliegue-
También informó que más de mil integrantes de las Fuerzas Armadas han sido movilizados para atender las emergencias en el sur del país, a fin de apoyar a los damnificados, y que otros 900 soldados se encuentran a disposición para los relevos correspondientes.

Detalló que se han movilizado 10 aeronaves de la Fuerza Aérea, entre aviones de transporte y helicópteros, y que hoy ya partió hacia el sur el buque multipropósito B.A.P. Pisco con cerca de 500 toneladas de carga, entre ayuda humanitaria, vehículos militares y de ingeniería.

Indeci ha trasladado 23 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, herramientas, techo, enseres, abrigo y productos de primera necesidad, a las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Adicionalmente, ha enviado otras 10 toneladas de donaciones de empresas privadas, consistente principalmente en agua embotellada y alimentos no perecibles.

Fuente: El Comercio

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La gestión del riesgo en instituciones educativas La gestión del riesgo en instituciones educativas


La gestión del riesgo en las instituciones educativas

 

El presente artículo brinda herramientas sencillas y prácticas para implementar acciones de gestión del riesgo en instituciones educativas, con un énfasis en la promoción de los derechos ambientales de la niñez.

1. ¿Qué es un desastre?

Llamamos desastre a las situaciones de grandes pérdidas humanas, materiales y/o ambientales causadas por fenómenos naturales y/o inducidos por el hombre, que no pueden ser afrontadas utilizando exclusivamente los recursos de la comunidad o la sociedad afectada y que por tanto requieren de la asistencia o apoyo externo.

2. ¿Por qué ocurren los desastres?
Para que ocurra un desastre son necesarias determinadas condiciones previas o condiciones de riesgo: la existencia de una amenaza o peligro y la vulnerabilidad o grado de exposición ante tal amenaza o peligro.

2.1. Las amenazas

Las amenazas o peligros están definidas como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructivo como es el caso de los sismos, huaycos, heladas, sequías, inundaciones, derrames tóxicos, explosiones, etc. Esta probabilidad puede deberse a causas naturales, antrópicas o a la combinación de ambos. Por eso las amenazas o peligros se clasifican por su origen en:

Naturales como es el caso de la interacción de las placas tectónicas que determina la existencia de sismos, o el Fenómeno El Niño y las variaciones naturales del clima que en el pasado determinaron exclusivamente la frecuencia e intensidad de las inundaciones y los huaycos.

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Las amenazas o peligros están condicionados por factores geográficos, en particular la cercanía a la zona de convergencia intertropical que determina un mayor impacto del Fenómeno El Niño, la existencia de la Cordillera de los Andes que influye en el clima y distribución del agua (así como en las pendientes que precipitan los huaycos y aluviones) y la ubicación respecto al cinturón de fuego del Pacífico donde interactúan las placas tectónicas. Cada región y cada zona tienen características que determinan amenazas y/o peligros diferentes.

Si se vive en una zona andina, tendremos mayor probabilidad de aluviones, huaycos y sequías, si se vive en una zona selvática, tendremos más inundaciones y deslizamientos, si se vive en una zona costera serán más frecuentes los movimientos sísmicos y las inundaciones y se podrán generar tsunamis. Los condicionamientos geográficos y naturales serán más determinantes para los casos de sismos, tsunamis y aluviones, pero no así para los casos de fenómenos que pueden ser influenciados directa o indirectamente por la actividad humana.

Antrópicas como es el caso de las deficiencias de las instalaciones construidas por el hombre o de su inadecuada manipulación que pueden causar accidentes tecnológicos como son el vertimiento de petróleo en los ríos y océanos, las explosiones e incendios derivados del escape de gas o el derrame de tóxicos que impactan en la salud de las personas.

En la medida en que las actividades productivas y los servicios dependen cada vez más de la manipulación o uso de elementos potencialmente letales o adversos a la salud, los riesgos tecnológicos se incrementan como viene sucediendo con las industrias extractivas de petróleo y minería o la reciente explotación y futuro consumo masivo del gas en las ciudades. Las amenazas o peligros antrópicos pueden ser mayores o menores en la medida en que se cuente con estrategias de seguridad adecuadas al interior de las empresas y en el entorno que puede ser afectado.

El uso de determinadas tecnologías puede constituirse en una amenaza o peligro y generalmente descubrimos su carácter peligroso muchos años después como ocurrió; es el caso del empleo de refrigerantes y aerosoles que se produjeron desde la década de 1930 pero recién descubrimos que son causantes de la destrucción de la capa de ozono; es también el caso del petróleo y la ganadería intensiva, que fueron vistos inicialmente como un gran beneficio para la humanidad pero muchas décadas después sabemos que inciden fuertemente en el cambio climático; o más recientemente el uso de los biocombustibles como sustituto del petróleo pero que está contribuyendo a la escasez e incremento de los precios de los alimentos que puede derivar en un desastre en los países pobres.

Socios naturales, cuando el hombre o la sociedad contribuyen a la ocurrencia o al incremento de la intensidad de fenómenos que en el pasado eran exclusivamente naturales.

Es el caso de la deforestación o el mal manejo del agua y suelo que al aumentar la erosión contribuye a la ocurrencia de deslizamientos, huaycos o inundaciones; o a los procesos de desertificación que intensifican las sequías. También se considera que la producción creciente de gases en la atmósfera derivada del consumo de combustibles fósiles genera el calentamiento del clima mundial y puede estar influyendo en una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos como lluvias intensas ( que provocan huaycos, aludes o deslizamientos), huracanes o sequías.

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Otra práctica humana que incrementa las amenazas o peligros es la de ocupar los causes de los ríos para fines de vivienda o productivos, o simplemente como vertederos de residuos sólidos. La invasión u ocupación de los causes determina el incremento de los caudales o el desvío de las aguas, de tal forma que favorece e incluso determina las inundaciones de los ríos y canales de regadío.

2.2. La vulnerabilidad

La vulnerabilidad constituye uno de los componentes claves de los riesgos de desastre; es el grado de exposición de las personas, familias, comunidades, sociedades o de sus recursos frente a las amenazas o peligros del medio.

La vulnerabilidad es la resultante de la interacción de causas de fondo como son la insuficiente realización de los derechos de las personas asociada a la pobreza, las desigualdades sociales o la discriminación; las presiones dinámicas como son las migraciones y las tendencias de crecimiento urbano y las políticas públicas que no favorecen la seguridad social y de la infraestructura productiva; y las condiciones inseguras de las personas y sus bienes.

Aunque las condiciones físicas de los niños, minusválidos y adultos mayores pueden ser determinantes, la insuficiente realización de los derechos de las personas constituye sin duda uno de los principales factores de la vulnerabilidad. Es el caso de las mujeres y los niños en la medida en que se limita su acceso a la participación y toma de decisiones, o cuando a los más pobres se les limita el acceso a la educación e información.

Es también el caso de las comunidades indígenas y los más pobres en la medida en que no se toma en cuenta sus puntos de vista o que no tienen acceso a servicios básicos de salud, educación y protección social en general. La pobreza hace más vulnerable a las personas porque tienen menos recursos materiales, para defenderse de cualquier amenaza.

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Las migraciones y los procesos de urbanización tienden a generar mayores condiciones de vulnerabilidad cuando los migrantes carentes de recursos y conocimientos apropiados construyen sus viviendas precarias en laderas y cauces. Los campesinos pobres no pueden acceder a sistemas de riego por lo que son más vulnerables frente a las sequías.

Las políticas públicas pueden ser determinantes en el incremento de la vulnerabilidad en la medida en que no incorporen estrategias para proteger a las personas y sus bienes frente a las amenazas o peligros. La inexistencia o insuficiencia de servicios de salud, la falta de acceso a la seguridad social, y la ausencia de medidas de protección de la infraestructura productiva, entre otros, constituyen ejemplos en este sentido. La insuficiente o deficiente planificación puede generar nuevas condiciones de riesgo, cuando se ocupan espacios con gran fragilidad ambiental.

Algunas instituciones identifican la vulnerabilidad con las condiciones inseguras, lo que limita el comprender y actuar sobre los otros aspectos de la vulnerabilidad. Por ejemplo puedo reducir la vulnerabilidad reubicando a las familias que viven en terrenos inundables pero otras familias necesitadas pueden volver a ocupar estos terrenos hasta que no cuente con terrenos seguros disponibles para los más pobres o no cuente con estrategias para orientar la ocupación de los terrenos. También puedo construir viviendas más resistentes para algunas familias que pueden endeudarse pero los más pobres no tendrán necesariamente acceso a estas.

La falta de una comprensión integral de la vulnerabilidad lleva generalmente a cometer muchos errores porque las causas de fondo o las presiones dinámicas como por ejemplo ocurre con las familias damnificadas del terremoto en Tambo de Mora y Pisco que se resisten a ser ubicadas porque los primeros tienen expectativas que los terrenos donde vivían anteriormente se valoricen cuando se construya el tramo de la autopista o los segundos cuando se haga realidad el resurgimiento de la actividad turística y comercial.

También esta falta de comprensión integral de la vulnerabilidad lleva erróneamente a pretender reubicar familias que están dispuestas a correr riesgos en razón de su actividad productiva o de sus limitaciones económicas. Muchas personas realizan actividades productivas en los lechos de los ríos porque no tienen acceso a medios de producción rentables y seguros; o viven en zonas inundables o laderas porque solo así el costo de sus viviendas y servicios les es accesible.

La vulnerabilidad se genera también por el insuficiente o distorsionado conocimiento:

  • No conocemos bien el lugar en que vivimos o aquello de lo que dependemos para vivir y por consiguiente lo deterioramos irresponsablemente o introducimos elementos extraños que lo afectan negativamente.
  • No sabemos que hacer frente a un peligro natural, socio natural o producido por el hombre que puede ocurrir allí donde vivimos, puesto que ya antes han ocurrido eventos similares;
  • Desconocemos los procedimientos o tecnologías con las que podemos proteger, ubicar y construir viviendas e instituciones educativas seguras.
  • Desconocemos o no recordamos los desastres pasados por lo que no extraemos lecciones de ello.


3. ¿Qué son los riesgos y que características tienen?

Los riesgos pueden ser definidos como las condiciones sociales, ambientales y naturales que pueden devenir en un desastre. Se trata de pérdidas probables debidas a las amenazas o peligros y la vulnerabilidad que poseen las personas y comunidades así como debido a la fragilidad de la infraestructura social y los sistemas productivos.

Estas condiciones se interrelacionan en entornos territoriales y sociales diferenciados, por lo que no podemos desligar las condiciones de riesgo local de las regionales, nacionales e incluso globales. A pesar de ello el riesgo de desastre se manifiesta en un territorio definido y circunscrito.

El riesgo es latente y representa una potencialidad sujeta a determinadas formas objetivas y subjetivas de medición, proyección e interpretación, mientras que el desastre es consumado, palpable y sentido.

La cotidianidad es un elemento trascendental para comprender la construcción social de amenazas y vulnerabilidad, y por ende del riesgo de desastre.

4. ¿Con qué capacidades podemos contar para reducir los riesgos o evitar riesgos futuros?

Las capacidades son los medios que la sociedad puede poner en juego para reducir los riesgos y construir un hábitat seguro. Las capacidades pueden ser materiales (infraestructura, tecnologías y financiamiento), institucionales u organizativas. Los conocimientos, actitudes y habilidades de las personas, la fuerza de liderazgo, son claves en el desarrollo de las capacidades para prevenir o responder a los desastres. Las capacidades pueden desarrollarse mediante: procesos de aprendizaje e incidencia individual y colectiva (redes), el acceso a tecnologías y recursos (infraestructura y financiamiento), y si se expresan todas aquellas culturas y sensibilidades mayoritarias y minoritarias.

Las capacidades nacionales; regionales y locales implican tanto a las familias; las redes de relaciones familiares y vecinales; las distintas formas de organización comunitaria; las instituciones públicas y privadas; y especialmente la institución educativa con sus niños, niñas y adolescentes; las cuales, pueden en su conjunto contribuir a la prevención de desastres y/o a la reducción de vulnerabilidad.

Las capacidades de las personas e instituciones son determinantes para la reducción de las condiciones de riesgo por lo que es necesario fortalecerlas, así como promover su articulación entre las diversas instituciones y organizaciones de la comunidad.

Revisemos algunos conceptos para reconocer los riesgos

  • Los desastres son circunstancias de alteración en el funcionamiento de la sociedad generadas por graves pérdidas humanas, materiales o ambientales causadas por el impacto de fenómenos naturales y/o inducidos por el hombre.
  • Los riesgos constituyen la probabilidad de ocurrencia de un desastre derivada de determinadas condiciones sociales, ambientales y naturales. Estas condiciones hacen que un fenómeno se transforme en una amenaza y que las personas, los bienes y los sistemas sociales y productivos estén expuestos.
  • Las amenazas de origen antrópico están relacionadas con las innovaciones tecnológicas, la seguridad en la producción, la distribución de materiales peligrosos, y la circulación y disposición de residuos tóxicos.
  • Algunas amenazas o peligros de origen natural están cada vez más influidos por la actividad humana, por lo que son cada vez más socios naturales.
  • La vulnerabilidad es el grado de exposición frente a los peligros o amenazas, debido a causas de fondo como la insuficiente realización de los derechos de las personas, a procesos dinámicos como las migraciones y el desarrollo urbano, las políticas públicas, etc.
  • Los problemas de pobreza, la exclusión económica, social y cultural son vistas cada vez más como causas de fondo de la vulnerabilidad y de la insuficiente resiliencia frente a los desastres.
  • Las capacidades de las personas e instituciones y de las organizaciones y redes, son claves para la reducción o prevención de los riesgos.

5. ¿Qué es gestión del riesgo?

Una vez conocidos los factores de riesgos es necesario saber cómo se puede actuar sobre los escenarios que componen dichos factores, por lo que pasaremos a detallar lo que es la Gestión del Riesgo.

Allan Lavell lo define como un proceso social complejo, cuyo fin último es la reducción o la previsión y control permanente del riesgo de desastres en la sociedad en consonancia con las pautas del desarrollo sostenible.

Para Orlando Chuquisengo la gestión del riesgo es la capacidad de las sociedades y de sus actores sociales para transformar sus condiciones de riesgo, actuando sobre las causas que lo producen. Incluye medidas y formas de intervención que tienden a reducir, mitigar, prevenir y responder a los desastres. La transformación de las condiciones de riesgo debe darse a través de un proceso planificado, concertado, participativo e integral de una comunidad, una región o un país, ligado a la búsqueda de la sostenibilidad.

La gestión del riesgo parte del reconocimiento de que los desastres constituyen problemas generados en los procesos de desarrollo y por tanto la necesidad de fortalecer las capacidades y la articulación entre las diversas instituciones, organizaciones y los actores del desarrollo para reducir los riesgos.
Desde un enfoque de derechos la gestión de riesgos supone condiciones más favorables para que los habitantes de un territorio ejerzan el derecho a la vida que es indesligable de los derechos a la alimentación, salud, educación, vivienda, y a disfrutar de un ambiente integralmente sano. En un territorio capaz de garantizarles a sus habitantes la realización de sus derechos, seguramente las relaciones entre naturaleza y comunidad son más sostenibles que en uno en donde esos derechos no se pueden ejercer.

Al respecto Pedro Ferradas agrega que el enfoque de derechos de la niñez aplicado a la gestión del riesgo resulta fundamental porque supone la indivisibilidad de los derechos de la niñez y su necesaria realización tanto en los procesos de desarrollo a fin de reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas de desastres como en las situaciones de desastre o respuesta a estos.

Consecuentemente la gestión de riesgos en la institución educativa implica la reducción de la vulnerabilidad de las éstas, la contribución del proceso educativo en la generación de una cultura de prevención en la institución educativa y la comunidad, y el fortalecimiento de la resiliencia de la comunidad educativa para responder ante situaciones de emergencia; tareas que requieren necesariamente de la acción concertada de las diversas instancias del sistema educativo, incluida la comunidad de maestros, estudiantes y padres de familia.


De acuerdo con Allan Lavell pueden existir tres tipos de gestión de riesgo:

La gestión correctiva, que se refiere a la adopción de medidas y acciones de manera anticipada para reducir las condiciones de riesgo ya existente. Se aplica en base a los análisis de riesgos y teniendo en cuenta la memoria histórica de los desastres. Busca fundamentalmente revertir o cambiar los procesos que construyen los riesgos.

La gestión prospectiva, que implica adoptar medidas y acciones en la planificación del desarrollo para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo. Se desarrolla en función del riesgo "aún no existente" y se concreta a través de regulaciones, inversiones públicas o privadas, planes de ordenamiento territorial, etc. Hacer prospección implica analizar el riesgo a futuro para definir el nivel de riesgo aceptable. Y para que sea exitosa, se requiere un alto grado de voluntad política, compromiso social y conciencia pública. Lavell (2003), indica que los siguientes mecanismos deben aplicarse y se deben reforzar mutuamente:

  • La introducción de normativas y metodologías que garanticen que todo proyecto de inversión analice integralmente los riesgos que enfrenta y genera.
  • La creación de normativas sobre el ordenamiento territorial.
  • La búsqueda de usos productivos alternativos para territorios peligrosos.
  • La promoción de tecnologías accesibles y seguras, mediante normativas y programas.
  • El fortalecimiento de los niveles locales de gobierno, fundamentalmente de sus capacidades.
  • La continua sensibilización y capacitación sobre gestión de riesgos, teniendo en cuenta las particularidades de cada actor (sociedad civil, entes privados y estatales, cooperación internacional, etc.).
  • El establecimiento de penas y estímulos eficaces. La instrumentación de esquemas de uso de recursos naturales y ecosistemas que garanticen el desarrollo sostenible.
  • La reforma del currículo.
  • El fomento de una cultura de seguridad.
  • La creación de espacios de participación ciudadana y de vínculos más estrechos entre los tomadores de decisiones y los actores locales.

La gestión reactiva que implica la preparación y la respuesta a emergencias, estando siempre alertados y bien preparados para cualquier eventualidad, de tal modo que los costos asociados a las emergencias sean menores, se presente un cuadro de daños reducido y la resiliencia sea alta.

Hasta ahora la mayor parte de políticas estatales en todo el mundo han dado más énfasis a la respuesta ante emergencias. El inconveniente de persistir en una política sesgada a ésta fase de la gestión de riesgos es que favorece el asistencialismo más no el desarrollo y además sólo logra un alivio temporal.

También es usual que exista mucho apoyo para los procesos de rehabilitación después de desastres. En realidad si dichos procesos están bien concebidos, representan una oportunidad para el fortalecimiento de las organizaciones locales y para fomentar un ordenamiento territorial más adecuado. La reconstrucción va ligada a la rehabilitación pues tiene fines similares pero su valor agregado es que pretende eliminar o reducir al máximo las limitaciones existentes antes del desastre, y también prevenir la generación de nuevos riesgos.

No hay que olvidar que la gestión de riesgos no se reduce a una obra o una acción concreta, se refiere al proceso por medio del cual un grupo humano toma conciencia del riesgo que enfrenta, lo analiza y lo entiende, considera las opciones y prioridades en términos de su reducción, considera los recursos disponibles y diseña las estrategias e instrumentos necesarios para enfrentarlo, negocia su aplicación y toma la decisión de implementarlas.

A continuación presentamos un cuadro sobre la conceptualización de los procesos de la gestión del riesgo elaborado por Ana Campos del proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad.

6. La institución educativa y la gestión del riesgo

La educación en gestión del riesgo implica un proceso o conjunto de acciones orientadas a desarrollar una cultura de prevención en los miembros de la comunidad educativa. La institución educativa, como parte de la comunidad, tiene un rol importante que cumplir en la gestión del riesgo, desarrollando conocimientos para reducir los riesgos existentes y/o responder a los desastres.

Es importante aprender a no generar nuevos riesgos porque cada acción cotidiana puede aumentar o reducir nuestra vulnerabilidad. Para ello:

a) Debemos reconocer nuestro entorno, es decir:

  • Saber cómo y con qué materiales se han construido o se van a construir las edificaciones (viviendas, locales comunales, instituciones educativas, etc.) y procurar revisiones para comprobar el buen estado de las mismas.
  • Identificar las acciones humanas que ponen en riesgo nuestra sobrevivencia, e intervenir para modificarlas. La organización dentro de la institución educativa debe aliarse con la organización de la comunidad y la de las autoridades para promover actividades que modifiquen esas circunstancias de riesgo producidas por los seres humanos.
  • Reconocer las condiciones de vulnerabilidad que generamos cotidianamente se convierte en un aprendizaje fundamental para la comunidad educativa.
  • Reconocer cuáles son las características naturales del entorno (vegetación, flora, fauna, suelo), y los efectos de todo ello sobre nuestras vidas. Por ejemplo, necesitamos conocer el comportamiento del clima de nuestra región, seamos un ecosistema desierto, un bosque tropical o una zona alto andina - con todas las características que cada ecosistema tiene – pues sabemos que esto influirá de manera diferente en nosotros y producirá fenómenos diversos que correspondan a los componentes naturales y a los de influencia humana.
  • Conocer cuáles son las principales actividades productivas o extractivas que se desarrollan en el entorno identificando si están reduciendo o aumentando la vulnerabilidad.
  • Conocer las amenazas probables, reconociendo el curso probable de los acontecimientos eventualmente desastrosos, o las zonas donde los fenómenos pueden causar mayor daño;
  • Conocer cuáles son las experiencias de la población frente a desastres que se presentaron anteriormente, de esta manera tendremos la historia de eventos y conoceremos cómo se actuó en tales circunstancias. Su conocimiento también debe ayudarnos a conocer qué actividades debo incluir en los planes a futuro para no generar nuevos riesgos que podrían ser potenciales desastres.
  • Identificar qué elementos extraños están actuando en nuestro entorno y evaluar su impacto positivo o negativo en nuestras vidas pasadas, presentes y futuras.
  • Identificar y conocer los estudios sobre zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial de nuestro entorno.
  • Conocer las costumbres de la población, fiestas tradicionales y principales manifestaciones culturales.

Representar gráficamente nuestros riesgos y recursos. Con todos estos datos conocidos, podemos elaborar participativamente un Mapa de Riesgos que represente la ubicación espacial de la institución educativa, el cual nos oriente sobre las amenazas a las que estamos expuestos e identifique nuestra condición de vulnerabilidad.

Posteriormente con la reflexión y análisis se podrá proponer de manera participativa las soluciones que debemos organizar. En el mapa se identificarán las zonas de mayor riesgo, las de mediano riesgo y las zonas seguras. Asimismo, podemos elaborar un Mapa de Recursos que identifique los recursos propios al interior de la institución educativa y en la comunidad local que pueden ser utilizados en situaciones de emergencia o para reducir los riesgos existentes.


b) Debemos organizarnos. La experiencia ha demostrado que los mejores argumentos para reducir nuestra vulnerabilidad los aportan las personas que han sabido comprometerse y organizarse, que conocen los riesgos y las medidas e instrumentos para gestionarlos. También debe significar entender como no construir vulnerabilidad desde nuestras decisiones cotidianas, por ejemplo no ubicar nuestra vivienda cerca del cauce de un río o tomar las medidas para protegerse. La institución educativa, como parte de la comunidad local y desde su propia organización, coopera con las autoridades y la comunidad. El comité ambiental, la comisión de gestión del riesgo y las brigadas de defensa civil o las redes de estudiantes son instituciones básicas para implementar medidas de reducción del riesgo.

c) Debemos promover la colaboración permanente con la comunidad local. La institución educativa debe abrir espacios de comunicación permanente con la comunidad a la que pertenece, particularmente con el gobierno local, las autoridades representativas de la defensa civil y de la seguridad ciudadana, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y las empresas privadas. Estas relaciones fluidas deben ser de beneficio para todos y deben permitir a la comunidad educativa asumir mejor sus funciones y trabajar más eficazmente en la gestión del riesgo. Hay, además, algunas conductas y actividades actuales importantes que la experiencia ha enseñado y de las que se puede obtener aprendizajes.

“La participación de los actores debe partir desde el análisis de su realidad (de sus condiciones de riesgo y sus capacidades de intervención) hacia la búsqueda de alternativas de solución, el establecimiento de prioridades y la toma de decisiones y, por último, en la evaluación de los resultados conseguidos con las actividades y la retroalimentación del proceso” (Orlando Chuquisengo y Luis Gamarra).

d) Debemos saber cómo minimizaron los riesgos nuestros antepasados. La historia prehispánica de los habitantes de nuestro territorio nos muestra que nuestros antepasados sabían dónde construir sus viviendas, cómo y con qué hacerlo, de qué manera distribuir a las poblaciones, cómo prevenir situaciones de carencias por causas de fenómenos naturales o humanos – por ejemplo, cómo almacenar el agua y cómo usarla. Es decir, sabían cómo gestionar el riesgo y aplicaban criterios de ordenamiento territorial al configurar sus espacios poblacionales y productivos. Esta experiencia tan antigua es una fuente de aprendizaje, que, luego de la conquista, se han ido olvidando y que es necesario rescatar.

e) Debemos evaluar cualquier evento que ocasione daños y aprender de lo que hemos vivido para identificar las causas que nos generaron vulnerabilidad y proponer acciones para reducirlas mitigando los daños futuros.

f) Debemos evaluarnos permanentemente, tanto sobre lo que conocemos de nuestro entorno, (amenazas y oportunidades), sobre nuestra condición de vulnerabilidad y sobre nuestras capacidades de respuesta organizada para mejorar nuestra intervención (perfeccionar todo ello).

g) La gestión del riesgo está asociada a calidad y seguridad. Todos los instrumentos de gestión educativa, desde planes institucionales hasta el currículo educativo deben incorporar acciones de gestión del riesgo.

Debemos tener claro que la institución educativa existe en función de los niños, las niñas y los adolescentes que son sus protagonistas principales y que los docentes y los funcionarios nos debemos a ellos y ellas; así mismo, la institución educativa cumple una función social que esta explicita en la Ley General de la Educación, por lo que, la institución debe leer las problemáticas del contexto, respondiendo a sus necesidades. El objeto de la educación no se limita a la formación de individuos sino también a la construcción de sociedad, incidiendo en su cultura.

Es así que:

En situaciones de riesgo, ellos son nuestra principal y primera preocupación. Y la mejor manera de demostrarlo, en situaciones de riesgo, es reconociendo que sin su cooperación consciente, nada es posible.

La organización de los niños, niñas y adolescentes en la institución educativa es fundamental y sin ese componente, ninguna acción será efectiva.
Asimismo, los niños, niñas y adolescentes deben reconocer en la práctica las situaciones de riesgo en su entorno y tener clara conciencia de su vulnerabilidad y lo que debe hacerse para reducir dicha vulnerabilidad y la de su comunidad. Esto significa que parte de su formación consiste en ser personas activas en su aprendizaje sobre todo lo referente a la gestión del riesgo, desde la elaboración de los mapas de riesgos y de recursos, hasta la organización misma para la preparación ante desastres, los procesos de planificación y evaluación.

La gestión del riesgo implica la gestión ambiental pues en el manejo que hemos hecho del territorio, están las causas de muchos de nuestros desastres. Por ello ambas temáticas deben reflejarse en el Proyecto Educativo Institucional de manera transversal de igual manera que en el PCI (Plan Curricular Institucional) y el PAT (Plan Anual de Trabajo), ambos parte de la Propuesta Pedagógica del PEI de la institución educativa. Así mismo, es parte de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental que encarna la Movilización Social Escuelas Seguras, Limpias y Saludables y de la aplicación del enfoque ambiental en la Educación Básica Regular.

La educación en gestión del riesgo se realiza en alianza con las instituciones especializadas del Estado tales como, el Instituto Nacional de Defensa Civil- INDECI, el Ministerio de Salud – MINSA, el Ministerio de Agricultura – MINAG, el Ministerio de Energía y Minas – MINEM, etc. y junto con organismos especializados de la sociedad civil como ONG, universidades, etc. Algunas actividades que pueden realizarse para la educación en gestión del riesgo son:


a) Elaboración o actualización del mapa de riesgos y mapa de recursos.
b) Campañas de reforestación.
c) Evaluación de la vulnerabilidad y las capacidades de la institución educativa
d) Pasacalles de sensibilización a la comunidad educativa
e) Talleres de comunicación para difundir mensajes de prevención en la comunidad.
f) Obras de teatro, pasacalles, comparsas.
g) Elaboración o actualización del plan de contingencia para situaciones de emergencia.
h) Señalización de las zonas de peligro y de seguridad, así como de las rutas de evacuación en
i) casos de emergencia.
j) Conservación y mantenimiento de la infraestructura.
k) Implementación de los equipos de seguridad y emergencia.
l) Organización de simulacros para situaciones de emergencia.
m) Conservación y manejo responsable de las instalaciones sanitarias y eléctricas.
n) Conservación y manejo responsable de equipos e implementos de los talleres y laboratorios.
o) Formación de hábitos de seguridad vial.
p) Actualización de los instrumentos de gestión de la institución educativa que permita incorporar de manera transversal la gestión del riesgo y el cambio climático
q) Participar del análisis de riesgo del distrito o caserío donde está la institución educativa y posterior articulación a algún proceso de desarrollo (plan de desarrollo concertado, plan de ordenamiento territorial, etc.)

Es importante poner en práctica una ética ambiental que implica adecuación de las actitudes humanas a pautas correctas de uso de los recursos. “Hablar por tanto de las actitudes morales de los seres humanos con el ambiente significa reflexionar sobre las claves que necesariamente han de orientar nuestros programas educativos en coherencia con sus aspectos conceptuales y metodológicos pues ningún cambio en estos últimos será verdaderamente efectivo si no va acompañado de un profundo ejercicio crítico acerca de los valores que intervienen cono soporte de la acción” (María Novo: la educación ambiental: bases éticas, conceptuales y metodológicas pág. 79)

El ser humano debe, por ello, aprovechar con cuidado de los recursos que dispone. Cuando no respetamos las reglas que nos impone la Tierra para vivir en armonía con ella, cuando usamos tecnología inapropiada para transformar nuestro entorno y cuando saqueamos los recursos, ella reacciona para adecuarse a los cambios, pudiendo producirse situaciones de riesgo por causa de la acción del ser humano.

Es conveniente que al trabajar en programas educativos abordemos la cuestión del riesgo como un tema central para interpretar en toda su complejidad las implicaciones de los proyectos de desarrollo.

7. La gestión del riesgo y la política nacional de educación ambiental para el desarrollo sostenible

En la propuesta de la Política Nacional de Educación Ambiental para el desarrollo sostenible - PNEADS, que actualmente está en aprobación, se incluye la gestión del riesgo como una dimensión específica y de aplicación concreta de la educación ambiental en las instituciones educativas, en el marco de los proyectos educativos ambientales y otros instrumentos de gestión educativa.

La PNEADS considera que la aplicación del enfoque ambiental permite desarrollar la educación ambiental en las instituciones educativas, involucrando acciones para lograr una escuela segura. En este sentido, las instituciones educativas deberán:

  • Incorporar en su propuesta de diversificación curricular acciones de educación en gestión del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático.
  • Conformar o actualizar con participación de la comunidad educativa, la Comisión de Gestión del Riesgo (Comisión Permanente de Defensa Civil), que elaborará su Plan Anual de Trabajo.
  • Promover prácticas de gobernabilidad educativa que incorporen la gestión del riesgo (rendición de cuentas, calidad de inversiones, seguridad de nueva infraestructura educativa, etc.).
  • Los educadores y padres de familia deben ser actores claves en los procesos de planificación del territorio y de la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo.
  • Programar, realizar y auto evaluar los simulacros y actividades de gestión del riesgo y desarrollar actividades pedagógicas en torno a la elaboración de mapas de riesgos, de recursos y del Plan de Gestión del Riesgo.
  • Desarrollar proyectos educativos que incorporen la gestión del riesgo a nivel de la institución educativa y de la comunidad local.

 

Descargar la publicación completa: Gestión del riesgo en instituciones educativas: Guía para docentes de educación básica regular

Fuente: Soluciones Prácticas

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Solo el 14% de provincias y el 2% de distritos cuentan con un plan frente a desastres Solo el 14% de provincias y el 2% de distritos cuentan con un plan frente a desastres


Solo el 14% de provincias y el 2% de distritos cuentan con un plan frente a desastres

Según el Cenepred, 1.258 distritos del país presentará un riesgo "alto" y "muy alto" durante la temporada de lluvias. El ejecutivo destinará S/1.389 millones para el rubro este año. Según Cenepred solo el 14% de provincias y el 2% de distritos cuentan con un plan frente a desastres

A un mes de iniciado el verano, las lluvias, huaicos e inundaciones causan estragos en varias zonas del país. En lo que va de enero, estos fenómenos han dejado al menos 12 fallecidos, más de 15 mil afectados y cerca de 4.000 viviendas afectadas e inhabitables, según el Instituto de Defensa Civil (Indeci).

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) estima que 1.258 distritos presentarán un riesgo “alto” y “muy alto” durante la temporada de lluvias, entre enero y marzo de este año. Estas localidades albergan a 8,5 millones de personas y a 2,4 millones de viviendas que podrían resultar afectados.

Ante este escenario, la preparación del Estado –en especial de los gobiernos regionales y locales– ha sido escasa o nula. Entre las principales carencias, figura la falta de estudios para enfrentar emergencias por desastres naturales y que son requeridos en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Planagerd) 2014-2021, el cual recoge la política nacional por seguir en este rubro.

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El ejemplo más evidente se refleja en la adopción del plan de prevención y reducción del riesgo de desastres (PPRD), documento básico en la etapa de preparación. Solo 13 de los 25 gobiernos regionales cuentan con uno, de acuerdo con el Cenepred. La situación es más crítica en los gobiernos locales: solo 28 municipalidades provinciales y 39 distritales lo han elaborado. Estas cifras representan el 14,3% y 2,3% del total de entidades evaluadas en ambos niveles de gobierno.

El PPRD es una herramienta que permite a organismos de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) identificar actividades y proyectos que eliminen el peligro y reduzcan la vulnerabilidad de una localidad ante fenómenos naturales.

Solo el 14% de provincias y el 2% de distritos cuentan con un plan frente a desastres

Este documento es indispensable para afrontar situaciones de emergencia. Si una entidad de gobierno no cuenta con uno, no sabrá cuál es su norte en el tema de prevención, que requiere un diagnóstico, identificación de riesgo y medidas para formular proyectos de inversión pública.

—El esquema en detalle—

Desde el 2011, la prevención y respuesta del Estado ante situaciones de emergencia se concentra en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Sinagerd), dirigido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Los siete procesos de la mitigación del riesgo de desastres (estimación, prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción) están a cargo de dos entidades: Cenepred, que asume la gestión preventiva y correctiva; e Indeci, encargado de la gestión reactiva. Ambas instituciones están adscritas al sector Defensa.

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El esquema incluye a los gobiernos regionales y locales, que asumen la implementación de las medidas en ambos frentes. Sin embargo, estos niveles de gobierno presentan retrasos incluso para formar las instancias que se harán cargo del proceso: solo 115 municipios provinciales y 334 distritales cuentan con grupos de trabajo en gestión de riesgo de desastres en sus jurisdicciones; mientras que el 34% de las provincias y el 26% de los distritos realizan reuniones de trabajo periódicas.

—Problemas detectados—

Según el Cenepred, si bien el Perú cuenta con un marco normativo y un esquema adecuado en gestión de riesgos de desastres, el reto para las autoridades consistirá en realizar a tiempo las acciones y proyectos. En ese sentido, la prevención implica una planificación y sostenimiento en el tiempo, ya que un dólar invertido en prevención evita gastar 10 dólares en reconstrucción.

Mary Mollo, profesora de Gestión del Riesgo de Desastres de la Universidad ESAN, añade que el punto de partida para los municipios pasa por aspectos básicos del ordenamiento territorial, que incluye detener la emisión de certificados de ocupación en zonas de peligro. “Esto daría resultados positivos si tuviéramos un sistema de seguimiento y monitoreo para ver cuántas autoridades cumplen esta parte mínima de la norma”, explica.

Mollo indica que uno de los principales problemas del actual esquema radica en la inestabilidad y la alta rotación de funcionarios, que afecta incluso a los especializados en gestión de desastres. “Proponemos que se cree un sistema de acreditación nacional para formación de especialistas en gestión del riesgo de desastres. Estos deberían ingresar por concurso y no ser removidos por cualquier autoridad que cambie”, explica Mollo.

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—Gasto insuficiente—

Además de la escasa organización, el bajo presupuesto y su limitada ejecución afectan la implementación de las acciones de gestión del riesgo de desastres. En el 2018, el presupuesto para la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres fue de S/2.600 millones, de los cuales se ejecutó solo el 66%, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Para este año, el Ejecutivo ha destinado inicialmente S/1.389 millones, de los cuales el 30% (S/411 millones) estará a cargo de las regiones y municipios.

Entrevista: José Zavala. Funcionario del Cenepred

¿Cuáles son los principales problemas que afrontan los gobernadores y alcaldes en la gestión del riesgo ante desastres?

Las autoridades carecen del conocimiento del riesgo y nuestro reto es brindarles asistencia técnica. Asimismo, observamos una alta rotación de personal especializado debido al cambio reciente de administraciones.

¿Cuentan con los recursos para asesorar a todas las entidades del país?

Actualmente, tenemos coordinadores regionales en Cusco, Piura, Arequipa, Áncash, y próximamente en Ayacucho y San Martín. Lo ideal sería contar con oficinas en cada una de las regiones del país para brindar la asistencia.

¿Es adecuado que el Cenepred como el Indeci estén adscritos al sector Defensa?

Si bien es cierto es bueno realizar acciones de preparación y respuesta, también se debe reducir el riesgo. Invertir ante determinado fenómeno. El sector Defensa corresponde más a la acción y ejecución. Los temas que demandan labores a largo plazo deben ser abordados por la PCM.

Fuente: El Comercio

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La gestión de inundaciones en el Perú La gestión de inundaciones en el Perú


La gestión de inundaciones en Perú

Las inundaciones en el Perú se dan en determinadas épocas del año y se ocasionan debido a los fenómenos climáticos y a las precipitaciones en la región andina.

Las regiones más afectadas son la costa norte (Tumbes, Piura y Lambayeque) y la región amazónica en su totalidad, debido a la dinámica de los ríos que poseen una alta tasa anual de inundaciones y cambios de curso (las más afectadas son las regiones Amazonas, Loreto y Ucayali). La sierra no deja de ser afectada por estos fenómenos. La vertiente del Titicaca, por ejemplo, sufre inundaciones por los desbordes de los ríos Coata y Ramis.

Durante los años 2003 a 2012, las inundaciones y lluvias intensas afectaron a 4,3% de la población nacional de una u otra forma. Los datos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportan que 687.820 personas fueron damnificadas y 66.943 viviendas fueron destruidas.

Esta alta susceptibilidad ante inundaciones y otros peligros climáticos hace que la gestión de inundaciones en el Perú sea un tema prioritario para la agenda de gestión del riesgo.

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE INUNDACIONES?

La gestión de inundaciones es un proceso de decisión de las autoridades regionales, provinciales y distritales, usando todos los medios posibles para controlar un sistema de protección de inundaciones. Busca lograr objetivos sociales, económicos y ambientales, salvando vidas y medios de vida.

SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES


El sistema de control de inundaciones es una combinación de elementos naturales y mecanismos de protección contra inundaciones. De la interacción entre ellos depende el sistema de protección. Los mecanismos de protección incluyen medidas estructurales (técnicas) y no estructurales que permiten controlar artificialmente las crecidas de los ríos.

En este sistema hay componentes naturales (precipitación, escorrentía, carga de sedimentos), artificiales (medidas estructurales y no estructurales de protección) e institucionales (gestión y desarrollo). Todos son articulados bajo la visión de gestión de inundaciones para ofrecer seguridad a las poblaciones que pueden ser afectadas.

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GESTIÓN HOLÍSTICA DE LAS INUNDACIONES

Actualmente la forma de control de inundaciones considera la gestión de los recursos hidráulicos como un estudio específico para la construcción de obras de protección sin considerar que nuestro planeta funciona de manera sistémica. Por ello, es necesario tener un enfoque global que contemple todos los aspectos de la dinámica climática mundial.

Un sistema de control de inundaciones debe abarcar factores naturales (precipitación, escorrentía, carga de sedimentos), artificiales (medidas estructurales y no estructurales de protección) e institucionales (gestión y desarrollo). Este tipo de sistema holístico produce seguridad contra las inundaciones para el hombre y sus bienes, y mejores condiciones para el medioambiente. Por ello, favorecemos este enfoque que abarca muchas variables, pues el clima es un fenómeno dinámico. La gestión holística debe incluir:

  • Una unidad geográfica de gestión.
  • Un principio participativo, en donde todos los involucrados concurran en la solución de la problemática que les afecte.
  • Un principio orientado a la acciones, es decir, que se asegure que el proceso de gestión tenga resultados reales.
  • Un principio de control que sugiere que la autoridad y decisión debe recaer en los niveles inferiores de gobierno.

MEDIDAS DE CONTROL DE INUNDACIONES

El control de la inundación es una combinación de medidas estructurales y no estructurales que permiten a las poblaciones que viven cerca de los ríos minimizar sus pérdidas y mantener una convivencia armónica con el río. Las acciones incluyen medidas de ingeniería, sociales, económicas y administrativas. Se pueden dividir en:

Medidas estructurales

Son aquellas obras de ingeniería construidas a fin de reducir o evitar los posibles impactos de las inundaciones controlando el flujo del agua. Las medidas estructurales para la reducción del riesgo incluyen estructuras de ingeniería como las defensas ribereñas (espigones, muros de contención, diques, reservorios, gaviones, etc.) y medidas complementarias o alternativas más naturales y sostenibles como amortiguadores naturales. Estas medidas pueden ser extensivas o intensivas.

 

La gestión de inundaciones en Perú

Medidas extensivas

Son aquellas que actúan en la cuenca, intentando modificar las relaciones entre precipitación y caudal. Un ejemplo es la alteración de la cobertura vegetal del suelo, que reduce y retarda los picos de crecidas y controla la erosión de la cuenca. Las medidas más comunes son:

  • Modificación de la cobertura vegetal: la cobertura vegetal tiene la capacidad de almacenar parte del volumen de agua precipitado por la interceptación vegetal y de aumentar la evapotranspiración, por tanto, de reducir la velocidad del escurrimiento superficial por la cuenca hidrográfica. El aumento de la cobertura es una medida extensiva para la reducción de las inundaciones, pero aplicable a pequeñas cuencas.
  • Control de la erosión del suelo: el control de la erosión del suelo puede ser realizado por la reforestación, pequeños reservorios, estabilización de las orillas y prácticas agrícolas correctas. Esta medida contribuye a la reducción de los impactos de las inundaciones.

Medidas intensivas

Son aquellas que actúan en el río y pueden ser de tres tipos:

  • De aceleramiento del escurrimiento: construcción de diques (en terrenos húmedos, lagos y llanuras aluviales que han sido disecados) para lograr el aumento de la capacidad de descarga y corte de meandros.
  • Diques: son muros laterales de tierra o concreto, inclinados o rectos, construidos a una cierta distancia de las orillas para proteger áreas ribereñas contra el desbordamiento. Los diques son normalmente construidos de tierra con enrocamiento y de concreto, dependiendo de las condiciones del lugar.
  • De retardamiento del escurrimiento: son reservorios para el control de inundaciones y pueden ser de uso exclusivo para minimizar las inundaciones. Un reservorio sin control de operación es aquel que no dispone de compuertas de vertedor o de fondo y la crecida es regulada por las condiciones del vertedor libre.
  • De desvío del escurrimiento: son modificaciones en la morfología del río para aumentar el caudal para un mismo nivel, reduciendo su frecuencia de ocurrencia. Para aumentar la velocidad es necesario reducir la rugosidad, retirando las obstrucciones al escurrimiento, dragando el río, aumentando el desnivel por el corte de meandros o profundizando el río. Estas medidas, en general, presentan costos elevados.

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Medidas no estructurales

Todas las modificaciones que no supongan una construcción física y que utilizan el conocimiento, prácticas o acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos son consideradas no estructurales. Son usualmente medidas políticas y legislativas que generan una mayor conciencia pública, capacitación y educación entre las poblaciones posiblemente afectadas. Entre las medidas no estructurales se incluyen:

  • Políticas y planeamiento urbano.
  • Códigos de construcción.
  • Legislación sobre el ordenamiento territorial y su cumplimiento.
  • Sistemas de alerta temprana.
  • Sistemas de respuesta y evacuación por emergencias.
  • Seguros e indemnizaciones.
  • Planes de coordinación y procedimientos de operación.

Las medidas no estructurales, junto a las estructurales, pueden minimizar significativamente los desastres con un costo menor. El costo de protección de un área inundable por medidas estructurales, en general, es superior a aquel correspondiente a las medidas no estructurales.

En muchas medidas no estructurales el desafío se encuentra en la necesidad de involucrar la participación y el acuerdo de las partes interesadas y sus instituciones.

COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE INUNDACIONES

Cualquier proyecto de gestión de inundaciones tiene cinco componentes:

Componente 1. Conocimiento del riesgo

Estudios previos

Los estudios previos deben ser organizados y agrupados por temas, procesados en una base de datos y representados gráficamente en un sistema de información geográfica (SIG). Ellos deben considerar la variabilidad climática natural para evaluar los caudales de inundación (en el Perú, se debe considerar, por ejemplo, el Fenómeno El Niño).

Los estudios previos también deben tomar en cuenta la acción de los ecosistemas como humedales, franjas de protección de los cauces y el estado de la cuenca. Además se debe contar con estudios de distribución de la población y los usos de suelo que se están dando en las zonas posiblemente afectadas.

Evaluación de riesgo actual y futuro

Esta evaluación de riesgo dependerá del grado de información disponible a nivel local y de la capacidad de generación de datos faltantes. En este proceso la condición de inicio será el estado de riesgo no cuantificado, basándose en los estudios previos. El resultado será el riesgo cuantificado representado en mapas de riesgo.

Determinación de la amenaza

A partir de la información histórica sobre inundaciones, geomorfología y la serie de datos de caudal se establecerán los periodos de retorno y los niveles máximos de inundación en el área de estudio. Cuando no existan datos suficientes sobre el caudal, se debe realizar un modelamiento hidrológico para determinar los caudales a partir de las precipitaciones.

Determinación de la vulnerabilidad

Para realizar este análisis se parte de los resultados de estudios socioeconómicos realizados antes y de un mapa de amenazas, para determinar la estimación de la vulnerabilidad en el territorio. Se requiere desarrollar también herramientas de clasificación e indicadores de vulnerabilidad de acuerdo a la problemática social local.

Determinación del riesgo

La determinación de riesgo se refiere a la estimación de los daños que puede ocasionar una inundación de forma directa o indirecta.

  • Riesgo directo: es la estimación de los daños sobre personas y pérdidas económicas
  • Riesgo indirecto: pérdidas económicas de difícil medición e impactos de la inundación que van más allá de los límites del municipio en evaluación y de larga duración.

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Componente 2. Prevención y mitigación del riesgo

Esta etapa es la combinación de las medidas estructurales y no estructurales agrupadas en un plan de actuaciones común. Para ello la normativa y los procesos establecidos deben ajustarse en un solo plan de políticas de gestión de la cuenca, uso del suelo y normas de construcción.

Plan de actuación

Este proceso se inicia con el riesgo cuantificado y los mapas de zonificación del riesgo. Las actividades de entrada deben generar acciones para reducir el riesgo en la zona de estudio.

Planes de gestión de cuenca, ordenamiento territorial y normativa de urbanismo

Como parte de la etapa de prevención y mitigación del riesgo se deben plantear mecanismos que integren el plan de actuaciones a la política de gestión del suelo y del agua.

Por lo tanto, se deben ajustar los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, los planes de ordenamiento territorial y la normativa de urbanismo.

Componente 3. Respuesta a la emergencia

La etapa de respuesta a la emergencia se divide en dos componentes: el plan de emergencias, que prepara las condiciones locales y a las autoridades locales para atender un desastre por inundación, y el sistema de alerta temprana y pronóstico sobre el riesgo de inundación, una herramienta para activar el plan de emergencias y que genera información permanente que permite comprender mejor el comportamiento de las inundaciones en el área de estudio.

Plan de emergencias

Este proceso se divide en dos ejes de trabajo: preparación y respuesta.

  • La preparación aborda la identificación de actores y responsables de atención de emergencias, formulación de protocolos y mapas de rutas de evacuación, puntos seguros y determinación de los recursos que se requieren para atender un desastre de cierta magnitud.
  • La respuesta corresponde a la activación del plan de emergencias en actividades de aseguramiento, autoprotección, evacuación, rescate, albergue, atención médica, manejo de cadáveres, ayudas, servicios básicos, etc.

Sistema de alerta temprana y pronóstico

El SAT es una herramienta para preparar y fortalecer la respuesta a desastres por inundaciones (que ha sido discutida en otro documento de esta serie). En esta etapa se debe vincular de una manera activa a la comunidad en la generación de datos de calidad para el procesamiento y determinación del pronóstico y las alertas.

Componente 4. Plan de rehabilitación y recuperación

El plan de rehabilitación y recuperación atiende el componente del riesgo una vez superada la crisis de la emergencia de dos formas: gestión de los recursos económicos, y atención médica y social para los afectados.

Dentro de las actividades de recuperación se deben considerar:

  • Definir el protocolo para la gestión de recursos para la gestión del riesgo de desastres.
  • Estructurar la organización comunitaria y el apoyo de personal, maquinaria y equipos para la limpieza de escombros y residuos después de la emergencia.
  • Gestionar herramientas, materiales y maquinaria para la reconstrucción de las viviendas y edificaciones afectadas.
  • Gestionar apoyo médico y psicológico para atender a la población afectada.
  • Establecer apoyo social para familias y promover la generación de empleo.

Componente 5. Evaluación de resultados de gestión

Los aspectos a considerar son:

  • La efectividad de cada etapa de gestión debe ser evaluada periódicamente y luego de cada emergencia.
  • El proceso de evaluación se inicia con un nivel de riesgo cuantificado en el año base y a partir de la implementación de las actuaciones se debe hacer seguimiento a los indicadores de gestión.
  • Las autoridades locales y las instituciones involucradas tienen la responsabilidad de verificar los cambios en el uso del suelo, en la demografía y en la economía de las áreas con amenaza de inundación. El propósito de la evolución es generar información a partir de lecciones aprendidas, actualizar los mapas de zonificación de riesgo y actualizar el plan de actuaciones en función del estado de conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundaciones.

Participación de actores involucrados

Los participantes en la gestión de inundaciones son las autoridades (alcalde, gerentes municipales), quienes a su vez son integrantes del grupo de trabajo de gestión de riesgos de desastres locales.

Se considera como actores afectados por inundaciones a aquellas personas de bajos recursos económicos y con altos niveles de vulnerabilidad social y económica. Este grupo enfrenta obstáculos serios como la falta de educación y de organización, que le impide una participación genuina en cualquier proceso de desarrollo.

Por esta dinámica es labor de los participantes del grupo de gestión de riesgo el empoderar a los actores afectados. Todos los proyectos de gestión de inundaciones buscan revertir la situación de carencia de este grupo y hacerlos actores activos y autorizados en la gestión de sus medios de vida.

Además de los grupos afectados existen grupos de interés político, empleados públicos locales, entidades financieras, etc. Entre los grupos afectados indirectamente se cuentan a los ambientalistas, organizaciones no gubernamentales, reguladores, organizaciones del sector privado (intereses en el desarrollo de proyectos), diferentes impulsores (consultores técnicos, prestación de servicios, universidades, colegios profesionales, entidades facilitadoras de datos y otros).

La participación de todos los grupos de interés público, por supuesto, no es fácil, ya que existen intereses propios que no siempre coinciden. Es por eso que la cooperación estrecha es una condición esencial.

La acción conjunta de todos los grupos sociales puede ahorrar recursos y tiempo, disminuir y evitar la duplicidad de funciones y complementar acciones luego de una emergencia.

La colaboración permite que los diferentes grupos tomen decisiones conjuntas para la solución de un problema y asuman responsabilidad colectiva para responder por sus acciones y sus consecuencias. La colaboración es también muy importante en la recopilación de información y en las diferentes actividades de investigación.

Otro componente constructivo de la coparticipación de los diferentes grupos es la comunicación. El entendimiento acertado de un problema, las necesidades y prioridades de los afectados por parte de los planificadores o impulsores del proyecto resulta solamente después de las consultas con ellos.

Si los expertos solamente ven la problemática desde afuera, pueden desaprovecharse posibilidades y oportunidades importantes, que para los habitantes locales pueden parecer naturales o evidentes.

Por otro lado, si los involucrados son informados a tiempo y concienzudamente sobre los propósitos del proyecto, se promueve la credibilidad y de esa manera el apoyo al proyecto. Las ventajas y desventajas que se esperan del proyecto, así como su funcionamiento deben ser explicadas técnicamente, en la medida de lo posible.

Es también conveniente abordar las preocupaciones y temores de los involucrados (efectos en el medioambiente, situación de la tenencia de la tierra, etc.) de formar rutinaria, de tal manera que puedan formarse un juicio de los impactos que las actividades del proyecto, tienen en sus intereses. De esa manera puede reforzarse más la conciencia y el apoyo al proyecto.

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE INUNDACIONES

La gestión de inundaciones permitirá a los gobiernos regionales, provinciales y distritales realizar medidas necesarias para reducir los riesgos de desastres causados por inundaciones y trabajar en la ejecución de medidas necesarias para la construcción de obras de infraestructura estructurales y no estructurales.

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

El beneficio directo de un SAT es información que permite a las autoridades gestionar en tiempo real programas de prevención (educación, mapa de alerta, zonas críticas) y de alerta a sistemas públicos (escuelas, hospitales, infraestructura) y a la población en riesgo. También permite coordinar acciones de remoción y protección a la población alcanzada durante la emergencia o en las inundaciones.

MAPAS DE INUNDACIONES

Los mapas permiten identificar las zonas críticas a lo largo del río, teniendo en cuenta la topografía actual para determinar las zonas de intervención.

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA

La zonificación ecológica económica (ZEE) es un instrumento a nivel regional, provincial y distrital que determina la ocupación de las áreas de mayor riesgo de inundación y áreas con mayor susceptibilidad física, previendo la pérdida de vidas humanas y materiales al restringir zonas no aptas para la población.

Dado que existe una tendencia a ocupar zonas climatológicamente no seguras, como laderas de inundación y zonas de deslizamiento, es habitual que con cierta periodicidad ocurran daños importantes a los ocupantes de estas áreas. Luego de un desastre los territorios dañados pierden su valor, hasta que nuevamente son ocupados por la presión poblacional y adquieren un nuevo valor inmobiliario, repitiendo un ciclo que parece nunca acabar.

La ZEE termina con este ciclo vicioso al establecer zonas peligrosas que no pueden ser habitadas y mecanismo para evitar que nuevas colonizaciones sucedan. Respecto a construcciones ya existentes en áreas de inundación, se deben realizar catastros y establecer planes para reducir las pérdidas, incluyendo la posibilidad de removerlas y relocalizarlas a mediano plazo.

Algunas acciones públicas esenciales en este proceso son:

  • Evitar la construcción de obras públicas en áreas de riesgo (escuelas, hospitales y edificios). Las existentes deben poseer un plan de remoción.
  • Planificar la ciudad para gradualmente desplazar su eje principal hacia los lugares de bajo riesgo.
  • Las entidades financieras deben evitar financiar obras en áreas de riesgo.
  • Utilizar mecanismos económicos para el proceso de incentivo y control de las áreas de riesgo.
  • Retirar el impuesto predial a los propietarios que mantengan sin construcción las áreas de riesgo y que las utilicen para actividades de bajo riesgo, como recreación.
  • Crear un mercado para las áreas de riesgo de tal manera que se vuelvan progresivamente espacios públicos.
  • Prever la inmediata ocupación de las áreas públicas de riesgo cuando están desocupadas, para evitar invasiones.

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La experiencia de América Latina en combinar la gestión del riesgo con la reducción de la pobreza La experiencia de América Latina en combinar la gestión del riesgo con la reducción de la pobreza


La experiencia de América Latina en combinar la gestión del riesgo con la reducción de la pobreza

Los países de América Latina están implementando innovadoras estrategias para abordar las causas subyacentes del riesgo y al mismo tiempo promover inclusión social y crecimiento productivo. El presente artículo recopila y analiza la experiencia en combinar la gestión del riesgo con la reducción de la pobreza.

Los eventos climáticos extremos tienen un impacto directo en el bienestar de las familias, sobre todo en las poblaciones más pobres y excluidas. La frecuencia y la intensidad de los desastres (terremotos, huracanes, inundaciones) tienen una estrecha relación con la vulnerabilidad de las comunidades. El impacto de los eventos extremos en la pobreza, los ingresos, el consumo, la salud y la educación plantea un enorme desafío para el bienestar de estas poblaciones y tiene consecuencias negativas, a largo plazo, para el desarrollo económico y social de la región.

Para reducir el impacto de los desastres en la desigualdad económica y social existente, los países de América Latina están implementando iniciativas que combinan la gestión del riesgo con medidas para reducir la pobreza, promover inclusión social, generar empleo y actividades productivas. Este documento presenta experiencias de la región con enfoque en gobernabilidad urbana, sistemas de inversión pública y mecanismos de seguro. Asimismo, describe los principales factores contextuales que han facilitado el avance en estas áreas, así como los desafíos actuales y las principales lecciones para otras regiones.

DESAFÍO COMÚN: ACABAR CON EL CICLO DE POBREZA, VULNERABILIDAD Y DESASTRES

El enorme costo de los desastres representa un gran desafío para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sobre todo el Objetivo 1, relacionado con la reducción de la pobreza. Los desastres causan cuantiosos daños en el capital humano, incluso muerte y destrucción, y afectan la nutrición, educación, salud y generación de ingresos.

Además, afectan en primer lugar a las poblaciones pobres creando un círculo vicioso de vulnerabilidad y pobreza. En Honduras, luego del huracán Mitch las familias más pobres perdieron el 31% de sus recursos productivos. En Chile, el gobierno estima que 500.000 chilenos cayeron en la pobreza luego del terremoto de 2010, principalmente debido a la pérdida del empleo.

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En Haití, los impactos del terremoto de 2010 fueron más devastadores en las zonas pobres del país, donde se intensificó la inseguridad alimentaria crónica, la infraestructura de salud y los servicios sociales colapsaron, y 1,3 millón de personas se quedaron sin hogar, por citar algunos ejemplos de América Latina.

El impacto de los desastres también se ha reportado en los países de África y Asia. En Burkina Faso, la pobreza aumentó en la zona de Sahel (2% a 19%) y Sudán (12% a 15%) luego de una terrible sequía durante 1984-1985. En Madagascar, la capacidad económica para acceder a alimentos se redujo en 46% debido a los desastres naturales que azotaron al país entre 1998 y 2000.

En Etiopía, la pobreza aumentó en 14% debido a una sequía en 1999 y 2002. Los estudios realizados por el Asian Development Bank señalan que 2 millones de personas podrían caer en la pobreza como consecuencia del tsunami de 2004.

 

La experiencia de América Latina en combinar la gestión del riesgo con la reducción de la pobreza

 

Causas subyacentes del riesgo

El riesgo de desastres se incrementa por factores como el rápido crecimiento urbano y la ocupación de nuevos terrenos, que exponen al riesgo a un mayor número de personas y activos. La débil capacidad de los gobiernos locales para facilitar el acceso a la tierra y los servicios a los pobres ha generado un modelo de crecimiento urbano caracterizado por la expansión de asentamientos informales en zonas no autorizadas y propensas a peligros. Hoy en día, al menos 900 millones de personas viven en asentamientos informales, muchos de los cuales están ubicados en zonas de alto riesgo.

Los medios de vida de la población urbana pobre apenas cubren sus necesidades básicas de vivienda, transporte, educación y salud; la falta de vivienda segura, infraestructura y servicios públicos adecuados, que podrían brindar protección en caso de terremotos, ciclones o inundaciones, aumenta el riesgo de mortalidad.

La degradación de los ecosistemas es otro factor importante que aumenta el riesgo de desastres y la pobreza en zonas urbanas. Además de aumentar la frecuencia y la intensidad de los desastres,10 el daño ambiental ocasiona pérdidas directas para las poblaciones pobres que dependen de los servicios ecosistémicos para su sustento.

Los mecanismos de protección social débiles o inexistentes y la falta de planes de seguro también aumentan el impacto de los desastres en la población urbana pobre. Las pérdidas que ocasionan los desastres exceden la capacidad de respuesta de los pobres y la frecuencia de los eventos extremos con el tiempo erosiona su resiliencia. El cambio climático progresivo actúa como un potente propulsor del ciclo de pobreza y riesgo, aumentando drásticamente el impacto de los desastres en los pobres y en las iniciativas de reducción de la pobreza.

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En el caso de los desastres de gran escala, la ayuda internacional cubre solo el 10% de los costos de recuperación y reconstrucción, por lo cual los países en desarrollo se ven forzados a desviar considerables recursos que podrían servir para abordar las causas subyacentes del riesgo a través de iniciativas de desarrollo socioeconómico y reducción de la pobreza. En este contexto, los países en desarrollo de Asia, América Latina y África vienen formulando estrategias de GRD que buscan aumentar la resiliencia de las comunidades, estimular el crecimiento y proteger las inversiones sociales. Este documento describe la experiencia de América Latina en implementar la gestión del riesgo en combinación con la reducción de la pobreza.

REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA POBREZA: EXPERIENCIAS CLAVE DE AMÉRICA LATINA

A lo largo de la región, los actores de América Latina han implementado estrategias para reducir los factores subyacentes del riesgo y acabar con el ciclo de pobreza y riesgo. Algunas de las principales estrategias son: fortalecimiento de los medios de vida (manejo de recursos naturales, provisión de servicios básicos, desarrollo de infraestructura); buena gobernabilidad urbana (marco regulador, planificación del crecimiento); instrumentos financieros (créditos, seguros); gestión de ecosistemas (áreas protegidas, compensación por servicios ecosistémicos); y enfoques comunitarios de reducción del riesgo.

Este documento se centra en tres de las estrategias mejor documentadas: 1) El avance en la incorporación de la GRD en las estrategias de desarrollo urbano, especialmente en el tema del reasentamiento; 2) El enfoque en los sistemas de inversión pública; 3) Implementación de microseguros para la transferencia del riesgo y la protección social.

Esta sección presenta ejemplos de cada una de estas estrategias en América Latina.

1. Desarrollo urbano: Reasentamiento preventivo y mejoramiento de asentamientos humanos

Varias ciudades de América Latina vienen incorporando el enfoque GRD en las políticas y las estrategias de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Hay experiencias exitosas de reasentamiento preventivo y mejoramiento de asentamientos humanos que, además de contribuir a la gestión del riesgo, reducen la pobreza al crear empleo, brindar oportunidades de capacitación profesional y mejorar derechos territoriales.

Reasentamiento preventivo

Una de estas iniciativas ocurrió cuando en Argentina, el Ministerio de Vivienda implementó este tipo de iniciativa entre 1993 y 2004. Un total de 11.911 familias de 120 comunidades en zonas propensas a inundaciones fueron reubicadas a viviendas asequibles construidas con materiales locales y cuidadosamente adaptadas al contexto cultural local. El programa se diseñó con una metodología de «autoconstrucción asistida y ayuda mutua» que implicó un trabajo colectivo, descentralizado y participativo entre el gobierno central, los gobiernos provinciales y locales, los beneficiarios y los proveedores de materiales de construcción. La evaluación externa señaló que las condiciones de vida habían mejorado y que los ingresos de 41% de los beneficiarios habían aumentado, principalmente por las obras de albañilería.

En Colombia, el programa de reasentamiento «Nueva Esperanza» implementado en la ciudad de Bogotá brindó apoyo a las familias para el traslado a sus nuevas viviendas.

Algunas de estas medidas de apoyo fueron: fortalecimiento de las actividades productivas (ej. capacitación en construcción), educación ambiental para prevenir y mitigar el riesgo de desastres, mejor acceso a programas sociales para niños y ancianos, inscripción en escuelas, ampliación de la propiedad legal a nivel familiar (no solo a las cabezas de las familias, es decir, los hombres). La evaluación se realizará en 2015 pero el programa ya ha generado importantes lecciones sobre la planificación integral de reasentamientos que serán útiles para otros países.

El reasentamiento de 10.000 personas en San Cayetano, 45.000 en Medellín y 65.000 en Bogotá son otras experiencias destacables de reasentamiento preventivo en Colombia. Estos programas realizaron diagnósticos de riesgos que permitió identificar los principales peligros (deslizamientos, inundaciones) y se incorporaron en los planes de reducción de desastres, los procesos de ordenamiento territorial y los programas de subsidios de vivienda.

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia y el BID titulado «Impactos del reasentamiento por vulnerabilidad en áreas de alto riesgo en Bogotá, 1991-2005» describe y evalúa estas y otras experiencias analizando el impacto de los programas de reasentamiento en las poblaciones de zonas urbanas de alto riesgo y sugiere pautas para la formulación de una política y metodología de reasentamiento, cuyo objetivo es reducir la posibilidad de que la población reasentada caiga nuevamente en el ciclo de pobreza.

Mejoramiento de asentamientos humanos

En Brasil se han registrado experiencias exitosas de urbanización de las favelas (asentamientos urbanos informales) a través de proyectos financiados por el BID y el Gobierno de Brasil, que demuestran que las políticas de desarrollo urbano integral pueden responder a los desafíos de la pobreza urbana a través de estrategias socialmente inclusivas y multisectoriales. Además de reducir el riesgo de desastres, estos proyectos facilitaron soluciones de vivienda y saneamiento, construyeron infraestructura (asfaltado, desagüe), mejoraron viviendas, fortalecieron el capital social de las comunidades beneficiarias y crearon espacios para actividades deportivas y recreativas.

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En 2012, la Municipalidad de Lima lanzó el programa «Barrio Mío», cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los pobladores que viven en asentamientos ubicados en los cerros de la capital. Con un presupuesto de US$ 30 millones, el programa combina acciones de mitigación de riesgos y prevención de desastres (reforestación, reorganización urbana), construcción de obras civiles (escaleras, muros de defensa), infraestructura social (instalaciones deportivas, culturales y comunitarias) y capacitación a la población en respuesta a desastres.

Aún no se han documentado resultados, ya que la iniciativa se lanzó en 2012, pero los procesos de planificación, financiamiento y operatividad ofrecen lecciones interesantes para otros países.

2. Sistemas de financiamiento e inversión pública

A través del financiamiento y la incorporación de la GRD en los sistemas de inversión pública, los países logran minimizar futuras pérdidas económicas y reducir los costos de reconstrucción, compensando así el gasto inicial. Estas inversiones tienen beneficios indirectos en la salud, el desarrollo humano y la productividad, protegen las iniciativas de reducción de la pobreza y estimulan el desarrollo económico y social.2 Con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los países de la región han dado los primeros pasos para modernizar los sistemas de inversión pública integrando la GRD y abordando así la reducción de riesgo y de la pobreza. Esta sección describe algunos ejemplos claves de la región.

Los gobiernos de Perú, Costa Rica y Guatemala fueron los pioneros en incorporar la GRD en los presupuestos nacionales a través de diversos métodos, por ejemplo: análisis costo-beneficio del riesgo en los sistemas de inversión pública para determinar si el gasto adicional que representa incorporar medidas de reducción de riesgo está justificado por el nivel de riesgo; creación de plataformas de información sobre peligros y riesgos para apoyar a la toma de decisiones; mejor transparencia y monitoreo.

Los gobiernos de México, Nicaragua y El Salvador emplean el Índice de Déficit por Desastre (IDD) del BID, que facilita una manera simple de medir la exposición fiscal y el potencial déficit de un país en caso de desastre. El índice también permite medir las implicancias presupuestarias de dicho evento subrayando la importancia de incluir este tipo de información en los procesos financieros y presupuestarios.

Estas iniciativas son nuevas por lo cual es demasiado pronto para determinar su impacto a largo plazo en las iniciativas de gestión del riesgo y reducción de la pobreza. Sin embargo, una primera evaluación permite identificar algunos factores de éxito, por ejemplo: incorporación del diagnóstico del riesgo, coordinación de diferentes actores en todos los niveles de gobierno, creación de alianzas estratégicas con instituciones académicas y de capacitación, programas de capacitación, desarrollo de una visión de inversión a largo plazo, alineación de decisiones de inversión con los planes de desarrollo.

Además de incorporar la GRD en los sistemas de financiamiento, varios países de América Latina han asignado recursos adicionales para reducir y corregir el riesgo, por ejemplo, el programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres en Perú, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) en México y el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia (que antes se llamaba Fondo Nacional de Calamidades).

Estos fondos son complementarios a los presupuestos nacionales de emergencia y contingencia, y se centran en reducir el riesgo antes de que ocurra la emergencia. Los fondos se destinan a mitigar los peligros, reforzar la infraestructura vulnerable (escuelas, hospitales, saneamiento, redes de agua y electricidad), implementar sistemas de alerta temprana, rehabilitar los ecosistemas, etc.

México: El caso de Fonden

Por su ubicación, México está expuesto a sismos ya que debajo de su territorio hay cinco placas tectónicas.
Asimismo, cada año experimenta una larga temporada de huracanes que va de junio a noviembre. El gobierno viene implementando innovadores instrumentos financieros para evitar un colapso económico en caso de un desastre de gran escala.

Fue precisamente un desastre (el terremoto de 1985) lo que llevó al gobierno a adoptar el enfoque GRD ya que poco después de ese terremoto se creó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). En 1996, el gobierno creó un fondo de apoyo a la recuperación y reconstrucción posdesastre (Fonden) que a través de diversos instrumentos como fondos de reserva y soluciones para la transferencia del riesgo (conocidos como «cat bonds» o bonos de catástrofe) ayuda a los estados y las instituciones del país a responder a los desastres.

Los fondos de reserva de Fonden sirven para cubrir las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables en situaciones de emergencia, que incluye la reconstrucción de viviendas y de infraestructura social y productiva no asegurada. Fonden también apoya a agricultores de pequeña escala afectados por desastres naturales mediante pagos directos para compensar las pérdidas o programas de empleo temporal para el mejoramiento de infraestructura pública y la restauración del suelo y los recursos forestales.

Fonden también financia iniciativas de prevención como diagnósticos del riesgo y estudios de impacto económico con relación a infraestructura vital como carreteras, hospitales, viviendas vulnerables, además de simulación computarizada de riesgos.

3. Planes de seguro contra desastres

Los instrumentos financieros para el manejo del riesgo de desastres han existido desde hace décadas pero beneficiaban principalmente a las familias de medianos y altos ingresos, las grandes compañías y los gobiernos acaudalados. Las familias pobres, sobre todo familias cuyos miembros trabajan en el sector informal y tienen ingresos irregulares, no tienen acceso a estos instrumentos, y si están disponibles, la mayoría de ellas no puede solventarlos.

Sin acceso a seguros contra desastres, los pobres corren el riesgo de perder no solo sus ahorros sino también los activos que han forjado durante generaciones. Los gobiernos de los países en desarrollo enfrentan una enorme incertidumbre presupuestaria debido a lo impredecible de la ayuda internacional y el alto costo de la recuperación pos desastre, por lo cual se ven forzados a desviar grandes sumas de los programas de desarrollo y reducción de la pobreza.

En América Latina, los planes de seguro contra desastres implementados a nivel de país y de hogares constituyen un buen método para fortalecer la resiliencia, acelerar los procesos de recuperación y apoyar los objetivos globales de desarrollo social y económico de largo plazo.

A nivel país, una experiencia destacable por la amplitud de su cobertura es el Seguro contra Catástrofes del Caribe, un servicio multinacional de seguros contra catástrofes creado y administrado por 16 gobiernos, que brinda cobertura a los países contra los impactos de eventos catastróficos como huracanes y terremotos, y les permite obtener liquidez rápidamente en función de ciertos parámetros. Las negociaciones iniciales permitieron obtener el apoyo del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo del Caribe y los gobiernos de Canadá, Francia y Reino Unido. Con este fondo común de riesgos, los gobiernos del Caribe ahorrarán 40% en pagos de primas individuales.

Otros países también están adoptando esquemas de seguros diseñados para activarse en caso de emergencias causadas por catástrofes naturales. Colombia, El Salvador, Guatemala y recientemente Costa Rica han utilizado estos fondos, llamados CAT-DDO, para responder a varios desastres naturales, como el terremoto de 2009 en Costa Rica y las inundaciones en El Salvador en 2011.33

En 2006, México fue el primer país en emitir el bono MultiCat (bono de catástrofe de riesgo múltiple) a través de un programa financiado por el Banco Mundial. El bono MultiCat es una herramienta financiera flexible que brinda cobertura contra terremotos y huracanes en ciertas áreas geográficas del país durante la vigencia del bono (tres años). Los inversionistas recuperan el dinero con intereses.

Si ocurre un desastre de gran escala, el dinero se desembolsa inmediatamente al Gobierno de México. El bono contribuye a reducir la pobreza ya que cubre los fondos necesarios para actividades de recuperación luego de un desastre, minimizando la necesidad de desviar recursos de los programas sociales y otros esfuerzos de reducción de pobreza.

A nivel de hogares, también hay avances en la cobertura contra desastres para las familias. Un ejemplo es Agroasemex, una compañía de propiedad del Gobierno Federal de México especializada en seguros para la agricultura y la ganadería, que ofrece seguros contra catástrofes a los productores de pequeña escala.

El objetivo del plan es evitar la desviación de fondos en caso de eventos climáticos catastróficos. El monto, las primas y la compensación se calculan por región y la compensación se paga en función del nivel crítico de lluvias (llamado «desencadenante») por cultivo para cada fase del ciclo de siembra.

En Manizales (Colombia), el programa «Predio Seguro» es un innovador esquema de subsidios cruzados que cuenta con el apoyo del gobierno local, gracias al cual las familias tienen acceso a cobertura contra catástrofes. El esquema consiste en la emisión de una póliza colectiva de seguros para proteger a los estratos más pobres de la población. El municipio local maneja los pagos y los reclamos de daños para cada predio; las tasas se calculan en función de los registros oficiales.

Después del terremoto de Haití de 2010 se estableció la plataforma Microinsurance Catastrophe Risk Organization (MiCRO) que otorga paquetes de microseguros a las poblaciones más pobres y vulnerables del país. Fonkoze, uno de los esquemas de la compañía, financiado por donantes como UKAid, Cosude, y el sector privado, apoya a los pequeños empresarios a recapitalizar sus negocios después de un evento climático extremo a través de préstamos y pagos en efectivo.

Perú ha sentado un precedente al establecer el primer esquema de seguros indexados para eventos relacionados con El Niño, un fenómeno que afecta a la costa norte del país con intensas lluvias. Este seguro preventivo se activa cuando las boyas meteorológicas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos registran una temperatura marítima de 24°C o más entre noviembre y diciembre, lo cual indica que habrá intensas lluvias en marzo y abril. Frente a esta situación, en enero y febrero se paga a los titulares de las pólizas para que puedan invertir el dinero en acciones preventivas.

En Bolivia, la Fundación Profin ha diseñado un seguro indexado que se está aplicando de manera experimental en cuatro provincias del altiplano norte y central. El Fondo de Transferencia del Riesgo combina incentivos para la reducción proactiva del riesgo con un índice flexible que se calcula en función de la pérdida individual. El índice se basa en los niveles de producción de los terrenos agrícolas caracterizados según su temperatura, humedad, precipitaciones y tipo de suelo. La productividad de estos terrenos es un indicador que determina si los eventos meteorológicos afectaron los niveles de producción (en cuyo caso, se procede a hacer el pago), o si fue por otros factores que deberían ser controlados por el agricultor.

PRINCIPALES LOGROS

¿Cuáles son los principales logros de la región?


  • Los gobiernos locales y urbanos integraron la reducción de desastres en las estrategias de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, garantizando el acceso de las poblaciones urbanas pobres a viviendas asequibles en zonas de bajo riesgo con una tenencia segura de la tierra, infraestructura adecuada y servicios básicos. Los programas de capacitación profesional ayudaron a las familias a generar más ingresos y reducir su vulnerabilidad a futuros desastres.
  • Los niveles más altos de autoridad política asumieron la responsabilidad de la reducción de desastres, para lo cual incorporaron la GRD en los planes de desarrollo y los sistemas de inversión pública. Esto es evidente por el considerable incremento en los presupuestos nacionales asignados a la gestión del riesgo, que se capitaliza a través de paquetes financieros que estimulan la economía con inversiones en infraestructura y medidas que abordan las causas subyacentes del riesgo y apoyan la reducción de la pobreza.
  • Hubo un importante avance en la integración de la GRD en los sistemas de inversión pública a través de la simulación computarizada del riesgo, diagnóstico del riesgo y análisis costo-beneficio. Estos sistemas garantizan que el gasto público contribuya a prevenir y mitigar futuros riesgos, y que el gasto directo en GRD contribuya a los objetivos de desarrollo de largo plazo.
  • También hubo un significativo avance en el desarrollo de mercados de pólizas de seguros, gracias a lo cual los gobiernos y un gran número de familias en riesgo pueden acceder a mecanismos adecuados de protección social y transferencia de riesgo.

DESAFÍOS ACTUALES PARA AMÉRICA LATINA

Si bien se ha avanzado en la institucionalización de la gestión del riesgo a través de políticas nacionales y marcos legales, aún hay brechas significativas en la incorporación de la GRD en los esfuerzos de reducción de la pobreza y los planes de desarrollo socioeconómico a largo plazo, lo cual se debe a la falta de desarrollo per se, es decir, es imposible incorporar la GRD en procesos de desarrollo que no existen.

Por otro lado, en algunos países la vinculación de los marcos políticos e institucionales de reducción de desastres y adaptación al cambio climático con los programas de reducción de la pobreza se ha dado solo en el papel y no en la práctica. Asimismo, la integración de la GRD en los instrumentos políticos (ej. Documentos Estratégicos de Reducción de Pobreza - Derp) se limita en muchos casos a la preparación y respuesta ante desastres. El potencial de instrumentos como el Derp para abordar las causas subyacentes del riesgo no se ha explotado al máximo.

La percepción de que el gobierno y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de cubrir las pérdidas causadas por los desastres es un gran obstáculo para una aplicación más amplia de los mecanismos de transferencia de riesgo.

Si bien los esquemas de seguros contra desastres están ganando terreno, se ven limitados por la falta de datos confiables sobre las condiciones meteorológicas locales y regionales. En varios países se han desarrollado nuevos métodos de indexación para ampliar la cobertura.

No obstante, se debe mejorar la integración funcional y colaboración entre las instituciones técnicas y científicas especializadas en meteorología, geología, geofísica, oceanografía y gestión ambiental a fin de monitorear múltiples riesgos.

FACTORES CONTEXTUALES QUE FACILITAN LA RESPUESTA EXITOSA DE AMÉRICA LATINA

Los desastres de gran escala que ocurrieron repetidas veces en la región impulsaron la creación de sistemas nacionales de defensa civil y los ya existentes se transformaron en sistemas nacionales de gestión de riesgos. Algunos ejemplos son el llamado que se hizo al gobierno en Chile para mejorar las estrategias de planificación territorial luego del terremoto de 2009; el fortalecimiento del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (Cepredenac) después del huracán Mitch; y la tragedia de Armero en Colombia, que dio lugar a una nueva fase de institucionalización de la GRD en el país.

Las herramientas y metodologías específicas para América Latina, como los indicadores de riesgo desarrollados por el BID y las evaluaciones de impacto económico y social realizadas por Cepal, sirvieron de apoyo a los países de América Latina para mejorar la evaluación y cuantificación de los riesgos que enfrenta la población. Asimismo, estas herramientas se utilizaron para diseñar intervenciones que permitan limitar las pérdidas financieras y económicas causadas por sismos, inundaciones y otros fenómenos naturales, evitando la desviación de fondos de las iniciativas de reducción de la pobreza.

La incorporación de criterios de reducción del riesgo en los sistemas de inversión pública fue posible gracias a la intervención de algunas entidades que buscan mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del riesgo en los gobiernos. Un ejemplo es el Modelo de Evaluación del Riesgo de Desastres y de Financiamiento del Riesgo desarrollado por el G20, la Ocde y el Banco Mundial, y promovido en los países en desarrollo.

También, uno de los factores claves del éxito en América Latina fue la incorporación de los criterios de GRD en procesos de inversión pública, que a su vez está siendo promovido gracias a los esfuerzos de la región en mejorar la efectividad y eficacia de la gestión estatal, sobre todo a partir del nuevo paradigma de gestión pública promovido por la Ocde y el Banco Mundial. En Perú, la metodología del presupuesto por resultados incluye productos medibles de GRD.

LECCIONES APRENDIDAS

  1. Es posible abordar las causas subyacentes del riesgo que generan pobreza utilizando las herramientas y estrategias existentes en América Latina, Asia y África. Esto quiere decir que es posible reducir el riesgo sin tener que esperar un mayor nivel de desarrollo económico. Se puede hacer mucho desde ya, incluso en los países más pobres.
  2. Las investigaciones realizadas en América Latina señalan que si se reduce el impacto económico de las catástrofes se protegen los recursos financieros nacionales, promoviendo crecimiento, estabilidad fiscal y la provisión de servicios públicos, a la vez que aumenta la disponibilidad de fondos para la inversión en desarrollo.
  3. Los programas de reasentamiento preventivo desarrollan la resiliencia y mejoran la calidad de vida de las poblaciones urbanas pobres. Las experiencias de América Latina señalan factores de éxito, por ejemplo: integración de la GRD en los procesos de ordenamiento territorial, sólidos procesos de decisión, elaboración de normas adecuadas y opciones de vivienda asequible.
  4. La experiencia de América Latina indica que el avance en el cálculo sistemático de las pérdidas y la visibilidad del impacto de los desastres hacen posible que los ciudadanos puedan exigir mayor rendición de cuentas por las pérdidas recurrentes y que los funcionarios públicos asuman la responsabilidad, lo cual crea incentivos políticos y económicos para generar mayor voluntad política para las acciones de GRD. La voluntad política es fundamental, más que factores técnicos o administrativos, para una sólida gestión del riesgo que incorpore la reducción de la pobreza.

 

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Bolivia: Uno de los países más vulnerables ante desastres por eventos naturales adversos Bolivia: Uno de los países más vulnerables ante desastres por eventos naturales adversos


Bolivia: Uno de los países más vulnerables ante desastres por eventos naturales adversos

El Estado Plurinacional de Bolivia, comparado con otros países de la región, es considerado uno de los países más vulnerables ante desastres por eventos naturales adversos. Las principales amenazas naturales son de origen hidrometeorológico (sequías, heladas, lluvias severas y granizadas) y fenómenos relacionados, como inundaciones y deslizamientos.


De acuerdo con el Índice de Riesgo Municipal desarrollado por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) del Ministerio de Planificación del Desarrollo, el 43 % de la población habitaba áreas expuestas a inundaciones en 2012, siendo estos fenómenos (ya fueran provocados por precipitaciones o por otros factores) el evento natural de mayor frecuencia en Bolivia, seguidos por sequías y granizadas.

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Dada su frecuencia y la población expuesta, las inundaciones causan importantes pérdidas económicas relacionadas, sobre todo, con la infraestructura y la producción agropecuaria.


En 2015, por ejemplo, el Gobierno de Bolivia estimó que las pérdidas ocasionadas por inundaciones ascendieron a USD 450 millones (BOB 3132 millones), y más de 300 000 personas se vieron afectadas.

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Dado este contexto, la gestión de riesgos de desastres ha sido una prioridad en la agenda del Gobierno de Bolivia, que estableció importantes avances en el marco normativo e institucional del país. Por ejemplo, en 2012, mediante la Ley n.° 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, se estableció como objetivo la prevención y la reducción de las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad de la población en Bolivia (artículo 12).


En 2014, se promulgó la Ley n.° 602, Ley de Gestión de Riesgos, la cual proporciona el marco para la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo a nivel sectorial y territorial.

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Los desastres asociados a eventos naturales adversos, y en particular las inundaciones, tienen un impacto negativo y estadísticamente observable en el corto plazo. Sin embargo, la evidencia empírica sobre dichos impactos en Bolivia, desde un punto de vista estadístico y causal, es muy limitada.


Para los eventos ocurridos durante 2013 y 2014, UDAPE (2015) realizó un ejercicio de contabilización de las pérdidas directas e indirectas asociadas con eventos meteorológicos utilizando la metodología de CEPAL para evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales de los desastres.


Como ya se mencionó, estos eventos ocasionaron pérdidas por alrededor de USD 450 millones (BOB 3132 millones) y afectaron a más de 300,000 personas. Por otro lado, Arenas (2014), a modo de complemento de la metodología previa, evaluó la magnitud e intensidad de los desastres hasta el año 2100 en escenarios de cambio climático.
Básicamente, en ese estudio se determinó que los daños futuros a infraestructura pública por efectos del cambio climático (a raíz de fuertes precipitaciones e inundaciones) tendrían un costo de USD 93 000 millones (BOB 647 280 millones), lo que representaría un gasto promedio anual de USD 3113 millones (BOB 21 666 480 000). El costo económico por pérdidas agropecuarias ascendería a USD 82 000 millones (BOB 570 720 millones), lo que representaría un promedio anual de USD 2726 millones (BOB 18 973 millones).


Cabe aclarar que en los estudios mencionados es difícil atribuir de manera específica el daño asociado únicamente a los desastres y no a factores que ocurrieron de manera simultánea. Más aún, dichos estudios no evalúan el impacto en variables de bienestar, como pobreza o ingreso del hogar. La pobreza y los ingresos de los hogares son indicadores de los impactos de medio y largo plazo que pueden tener los desastres.


Por tanto, este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de las inundaciones en Bolivia en el ingreso per cápita de los hogares y en otros indicadores socioeconómicos de bienestar por medio de métodos estadísticos que permitan aislar de manera explícita otros factores que pueden influir en los resultados.

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Dada la dificultad de caracterizar de manera exacta el impacto de una inundación — además de las limitaciones encontradas con la información disponible—, en este estudio, se analizan diversos índices comúnmente utilizados en la literatura económica que representan distintas formas de abordar el impacto de las inundaciones.


La idea principal detrás de la utilización de distintos índices es que las inundaciones tienen diversas causas y características que definen la manera en la que afectan a la población o a la economía de un país. Si bien todos los índices utilizados buscan modelar el impacto de una inundación, cada uno de ellos otorga distinto peso a los factores que la causan y a las características para hacerle frente de la zona en la que ocurre.


Los resultados muestran que los diferentes índices son coherentes a través de las distintas caracterizaciones y apuntan a un efecto negativo y significativo de la precipitación excesiva, las lluvias intensas y los desbordes de ríos tanto en el ingreso per cápita como en la pobreza de los hogares.


El resto del estudio se divide en cuatro secciones. En la primera sección, se describen los tres índices utilizados en el estudio, la información empleada para calibrarlos y la forma en la que se calculan sus valores. En la segunda sección, se describe la metodología para evaluar el impacto de las inundaciones en el ingreso de los hogares y en la pobreza.


Aquí también se muestra cómo se adaptan los índices para combinarlos con la información socioeconómica y la construcción de sus distintas variantes. En la tercera sección, se describen los resultados para las distintas variantes de los índices y se incluye una comparación de las predicciones de cada una en distintos escenarios. En la última sección, se presentan las principales conclusiones de este estudio.

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Fuente: Banco Mundial 

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Lluvias en Tumbes y Piura originan deslizamientos e inundaciones Lluvias en Tumbes y Piura originan deslizamientos e inundaciones


Lluvias en Tumbes y Piura originan deslizamientos e inundaciones

Acumulación de basura agudiza el problema en Tumbes, mientras que en el distrito de Lalaquiz (Piura) 65 familias resultaron afectadas por los deslizamientos e inundaciones.

Fuertes lluvias se vienen registrando en diversos distritos de Tumbes y la sierra de Piura. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las precipitaciones se presentan en Aguas Verdes, Puerto Pizarro, La Cruz y Zarumilla, en la región Tumbes, causando deslizamientos e inundaciones en zonas urbanas.

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El alcalde de esta región, Jimy Silva Mena, dispuso el retiro de residuos sólidos acumulados en drenes y canales. En total, la municipalidad provincial recogió más de 70 toneladas de basura solo en el canal Salamanca, a través de maquinaria pesada.

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En la región Piura, los distritos afectados son Paimas y Sapillica (provincia de Ayabaca), Canchaque y Lalaquiz (provincia de Huancabamba), así como Salitral y Santo Domingo (provincia de Morropón). En este último distrito se registró la lluvia de mayor intensidad en lo que va del año: 11,7 mm.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en el sector El Tunal, en el distrito de Lalaquiz, las lluvias provocaron deslizamientos que afectaron algunas vías y 65 viviendas. La municipalidad distrital ya viene realizando trabajos de recuperación con maquinaria y material de relleno.

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Para Teddy Ubillús Olemar, ex presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Alto Piura, la región Piura no está preparada para lluvias y sequías, los dos fenómenos que suelen presentarse. “La infraestructura es deficiente, pasamos de una emergencia por déficit hídrico a una emergencia por lluvias”, lamentó.

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El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura (COER), Miguel Celi Astudillo, señaló que la institución se encuentra en condiciones de prestar ayuda ante alguna contingencia. Sostuvo que el gobierno central debe realizar acciones inmediatas y efectivas, como parte de la emergencia por “riesgo inminente” ante las lluvias.

Fuente: El Comercio

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